El programa Desencadenados, conducido por Nicmer Evans, abordó este martes la compleja situación de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a las recientes amenazas de actores políticos en Estados Unidos. El invitado especial, Rafael Uzcátegui, sociólogo y codirector de Laboratorio de PAZ, analizó el impacto que estos ataques generan en las víctimas venezolanas y en la búsqueda de justicia.
Durante la entrevista, Uzcátegui advirtió sobre la importancia crucial que mantiene el tribunal internacional para el caso venezolano. “La Corte Penal Internacional se creó a partir de algo que se llamó el Estatuto de Roma y es el único mecanismo de derechos humanos que es jurídicamente vinculante”, destacó el activista.
La defensa de la soberanía y la impunidad
El análisis profundizó en el anuncio de Marco Rubio sobre el supuesto desmantelamiento de la CPI. Uzcátegui explicó que, históricamente, Estados Unidos mantiene una postura refractaria hacia los tribunales internacionales bajo la bandera de la soberanía nacional. Sin embargo, esta vez el contexto preocupa a los defensores de derechos humanos, quienes observan con recelo cómo estas acciones pueden ralentizar el proceso contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Para el sociólogo, existe un patrón claro en el comportamiento de los aliados del régimen venezolano. “Cada vez que se ha abierto un espacio de negociación política, las autoridades venezolanas ponen sobre la mesa dos cosas: el retiro de sanciones personales y que se entorpezca la investigación en la CPI”, explicó. Según el experto, esta insistencia demuestra que el tribunal representa el único obstáculo real frente a la impunidad.
El riesgo de la asfixia presupuestaria
El entrevistado descartó que la CPI paralice sus actividades por completo, ya que el organismo mantiene su independencia institucional. No obstante, Uzcátegui señaló un riesgo latente: la asfixia financiera. El tribunal depende de los aportes de sus estados miembros. Si Estados Unidos presiona a sus aliados para recortar estas contribuciones, la fiscalía podría reducir su equipo de trabajo, lo que volvería el proceso mucho más lento.
El especialista comparó el caso venezolano con procesos previos en otros países, donde la falta de voluntad política del Estado para investigar internamente obligó a la intervención internacional. “Lamentablemente, el Estado venezolano no ha cumplido ninguno de sus compromisos”, sentenció Uzcátegui, refiriéndose al incumplimiento del memorando de trabajo firmado entre la fiscalía de la Corte y el gobierno.
La esperanza como resistencia
A pesar del panorama adverso, Rafael Uzcátegui insistió en que la labor de documentación no debe detenerse. El impacto reputacional de la investigación abierta genera un costo político alto para los funcionarios involucrados. “Mientras exista esta investigación abierta, hay menos espacio político dentro del país para negociar impunidad”, argumentó.
Finalmente, el invitado llamó a la sociedad civil a continuar la documentación de testimonios. Sostuvo que, aunque el proceso parezca lento, la solidez del expediente penal determinará el futuro judicial de los responsables. El programa cerró con un llamado a la reconstrucción institucional del país, subrayando que la justicia y la verdad constituyen las bases fundamentales para cualquier transición democrática real en Venezuela.
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