La Corte Suprema de Estados Unidos respalda hoy la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.
Los jueces emiten una orden de emergencia que anula el reciente fallo del juez Edward Chen, quien restauró las salvaguardas a inicios de septiembre. Esta decisión expone a más de 300.000 inmigrantes a un inminente riesgo de expulsión del país.
Mayoría conservadora ignora críticas y prioriza agenda antiinmigración. La coalición de seis magistrados de derecha apoya la determinación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien revoca el TPS, vigente desde 1990 para víctimas de crisis humanitarias como la de Venezuela.
Noem actúa con celeridad para terminar el programa, pese a que dos cortes federales ya declararon ilegales sus maniobras iniciales en 2025 contra venezolanos y haitianos.
Los tres jueces progresistas rechazan la medida y alertan sobre su impacto devastador en familias establecidas.
La Alianza Nacional de TPS combate la resolución con un informe exhaustivo de 50 páginas, donde denuncia la ausencia de cualquier urgencia real que justifique la interrupción.
Organizaciones defienden que el TPS salva vidas al otorgar refugio temporal ante regímenes opresivos y desastres. Chen acusa al Departamento de Seguridad Nacional de proceder con “precipitación inédita” y un “propósito preconcebido” de eliminar las protecciones, lo que el gobierno apela de inmediato.
La orden suprema rige durante el litigio, que podría prolongarse por meses o años, y mantiene en suspenso las vidas de estos migrantes.
La jueza Ketanji Brown Jackson disiente con vehemencia: critica que el tribunal ceda por 21ª vez a peticiones de emergencia de la administración Trump, socavando el debido proceso.
Expertos temen un precedente que acelere deportaciones masivas, mientras activistas claman por reformas humanitarias urgentes.
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