
El economista Manuel Sutherland ofreció un balance crítico sobre el comportamiento macroeconómico del país durante una edición del programa RealEconomik, transmitido por el canal de YouTube Punto de Corte y conducido junto al politólogo Nicmer Evans.
Durante su intervención, Sutherland comparó el desempeño económico de los primeros ocho meses de la administración actual con el período previo encabezado por Nicolás Maduro. El especialista aseveró que las variables principales muestran un empeoramiento visible en lugar de la prometida estabilización financiera.
Deterioro de los indicadores económicos
Al analizar las métricas oficiales, Sutherland detalló que la inflación interanual alcanzó un preocupante 534% en el último año, frente al 171% registrado en el lapso anterior. La devaluación del signo monetario también reflejó descontrol al situarse en 150%, duplicando el registro previo de 85%.
Asimismo, la emisión de liquidez monetaria en bolívares por parte del Banco Central creció un 790%, impulsando la espiral inflacionaria nacional. El economista señaló que la base monetaria se ha duplicado en lo que va de año, aumentando un 96% en lugar del 4% o 5% habitual en naciones económicamente estables.
Un convenio petrolero lesivo e inconstitucional
El punto de mayor alarma expuesto por Sutherland se centra en la firma del reciente convenio marco de explotación hidrocarburífera con la firma privada NAB. Según denunció, el pacto compromete 65 mil millones de barriles de petróleo, equivalentes al 20% de las reservas probadas de la nación, bajo condiciones sumamente desfavorables.
El especialista catalogó las cláusulas comerciales como un esquema abusivo de expolio que viola el artículo 12 de la Constitución. La adjudicación directa del proyecto omitió cualquier tipo de licitación internacional, impidiendo captar las mejores ofertas y regalías para el Tesoro Nacional.
Irregularidades tributarias y pérdida de soberanía
Entre los aspectos más cuestionados, Sutherland destacó que la empresa adjudicataria fue constituida recientemente en un paraíso fiscal con un capital suscrito de apenas 3000 dólares. A pesar de esto, recibió el control exclusivo de 17 campos petroleros venezolanos sin contar con la infraestructura ni la capacidad técnica necesaria.
Igualmente, calificó de insólito que el Pentágono estadounidense ostente un 35% de participación accionaria mediante “penny warrants” sin aportar capital financiero. Esta condición, sumada al derecho de compra preferente del 80% de la producción, representa una entrega total de la soberanía energética del Estado venezolano.
El convenio contempla además la venta del 20% del crudo a precio de costo para la reserva estratégica estadounidense. Esta exoneración de impuestos sobre la renta, dividendos y regalías privará al país de ingresos multimillonarios, generando una pérdida calculada en más de 50 mil millones de dólares respecto a los ingresos proyectados.
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