Caracas, 18 de agosto de 2021. Una importante empresa de asfalto tailandesa ha sido implicada por lavado de dinero en una denuncia penal contra un empresario de Miami acusado de violar las sanciones de Estados Unidos por realizar trabajos de mantenimiento en la flota de aviones de combate rusos de Venezuela.
Jorge Nobrega fue arrestado el domingo en el aeropuerto internacional de Miami, según su abogado, Francisco Alfonso Marty, quien dijo que era prematuro hacer más comentarios, detalló la agencia AP.
Una denuncia penal y una declaración jurada presentada el lunes en un tribunal federal de Miami alegan que la empresa de Nobrega, Achabal Technologies, vendió al ejército venezolano una espuma supresora para aislar los tanques de combustible de su avión de combate Sukhoi y evitar que explotaran bajo el fuego enemigo.
En una reunión grabada con un informante no identificado, Nobrega presuntamente se jactó de reunirse con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y comparó la técnica con una forma de “diálisis” que le ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su reparación.
Por su trabajo, la compañía de Nobrega con sede en Miami supuestamente fue pagada por Tipco Asphalt, un antiguo cliente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
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Una investigación de Associated Press el año pasado reveló cómo Venezuela había estado confiando en Tipco, que cotiza en bolsa, para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses. A cambio de grandes descuentos en los envíos de crudo, Tipco pagaría las obligaciones de PDVSA y deduciría los montos de lo que le debía al gigante petrolero venezolano, según registros obtenidos por AP.
Tipco no figura como acusado en la denuncia penal. Pero un investigador del Departamento de Seguridad Nacional, citando informes de AP, identificó a la empresa tailandesa como el “blanqueador de dinero externo” que, según la denuncia, “colaboró” con PDVSA para mover cientos de millones de dólares en nombre del gobierno socialista de Venezuela.
Las sanciones de Estados Unidos contra la administración de Nicolás Maduro hacen que sea ilegal que las empresas estadounidenses, y quienes las ayudan, hagan negocios con PDVSA, excepto con una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, cualquier exportación de equipos o servicios militares requiere la aprobación del Departamento de Estado, que Achabal no tenía.
Los documentos obtenidos por AP muestran que Achabal recibió tres pagos por un total de más de $ 3.6 millones a través de Tipco entre febrero de 2019 y marzo de 2020. Otros dos proveedores registrados en EE. UU. no afiliados a Nobrega recibieron $ 4.1 millones adicionales de la misma manera, según los mismos registros.
Los documentos (facturas, contratos, registros de envío y recibos de transferencias) fueron entregados a AP por un exconsultor de PDVSA ubicado fuera de Venezuela bajo condición de anonimato por temor a represalias.
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