Bogotá, 28 de diciembre de 2025 – Colombia vive un intenso debate político tras la inscripción oficial, el pasado 26 de diciembre, del comité promotor para recolectar firmas en favor de una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa, respaldada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha generado reacciones polarizadas: mientras el petrismo la presenta como un mecanismo para “desbloquear” reformas sociales estancadas, la oposición la califica de intento autoritario, comparándola directamente con el proceso que llevó a Venezuela al consolidamiento del chavismo.
El paso formal del gobierno
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lideró la inscripción del comité ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este grupo, compuesto por nueve activistas y líderes sociales de izquierda, tiene como objetivo inicial recolectar al menos el 5% del censo electoral –aproximadamente 3 millones de firmas– para presentar un proyecto de ley al Congreso que convoque la Constituyente. El gobierno aspira a superar los 10 millones de apoyos para dar mayor legitimidad a la propuesta.
El presidente Petro celebró el avance en su cuenta de X: “Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional. El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”. Según el mandatario, la iniciativa busca profundizar el “espíritu reformista” de la Constitución de 1991, implementando derechos sociales en áreas como salud, pensiones, justicia y educación, que han enfrentado bloqueos en el Congreso actual.
Petro ha aclarado que el proceso no se concretará durante su mandato (que termina en agosto de 2026), sino que las firmas y el proyecto se presentarán al nuevo Congreso elegido en marzo de 2026, para su discusión a partir del 20 de julio de ese año. En respuesta a críticas, el presidente ha enfatizado que la Asamblea duraría solo tres meses y no busca su reelección personal.
Reacciones de la oposición: “Remedos de golpistas” y paralelismos con Venezuela
La oposición ha reaccionado con dureza, acusando al gobierno de romper promesas de campaña –Petro firmó en mármol que no convocaría una Constituyente– y de buscar perpetuarse en el poder. Precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, como Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y María Fernanda Cabal, han rechazado la iniciativa unánimemente, defendiendo la Constitución de 1991 como “el mayor acuerdo democrático” del país.
La senadora Cabal la tildó de “delirio autoritario” para “engañar incautos”, mientras Abelardo de la Espriella habló de “constituyente espuria” sin base legal. Sergio Fajardo la calificó de “trampa” para distraer del “caos y corrupción” del gobierno.
El paralelismo con Venezuela es el argumento más recurrente. Críticos recuerdan cómo Hugo Chávez usó una Asamblea Constituyente en 1999 para reescribir la Carta Magna, concentrar poder, someter instituciones como el Banco Central y allanar el camino al régimen de Nicolás Maduro. Medios internacionales y analistas locales advierten que, aunque el contexto colombiano es diferente (con instituciones más sólidas), el discurso de “poder constituyente popular” contra un supuesto “bloqueo oligárquico” evoca el guion chavista.
¿Viabilidad legal y política?
Expertos constitucionalistas cuestionan la factibilidad: incluso con firmas recolectadas, el Congreso debe aprobar la ley convocante, y la Corte Constitucional revisaría su constitucionalidad. Dado que el petrismo no tiene mayorías claras en el actual Legislativo ni garantías en el próximo, muchos ven la iniciativa como una estrategia electoral para movilizar la base de izquierda de cara a las elecciones de 2026, donde figuras como Iván Cepeda lideran la campaña presidencial del Pacto Histórico.
El gobierno insiste en que se trata de una vía democrática y popular, no de un “salto al vacío”. Sin embargo, el debate ha escalado tensiones en un país polarizado, donde la Constitución de 1991 –fruto de un amplio consenso tras décadas de violencia– es vista por muchos como un pilar intocable.
En medio de las fiestas decembrinas, Colombia entra en un 2026 cargado de incertidumbre política. La recolección de firmas, que inicia formalmente tras la verificación de la Registraduría, será el primer termómetro de este controvertido capítulo.
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