Frente a la solicitud de arresto domiciliario de Cilia Flores por motivos de salud, Martha Cambero reflexiona sobre la paradoja del poder, la negligencia médica hacia los presos políticos y el atropello vivido en su propio hogar.
Cuando los regímenes autoritarios empiezan a resquebrajarse, ocurre un fenómeno recurrente: los mismos jerarcas que usaron el poder para aplastar a un país entero, al verse acorralados sin impunidad, reclaman con desesperación los derechos, las garantías y la compasión que ellos le negaron a millones.
La reciente solicitud de medida cautelar para obtener arresto domiciliario en Nueva York presentada por la defensa de Cilia Flores es un retrato de cinismo. Flores no fue una figura secundaria en el entramado de poder; fue una de sus arquitectas. Desde sus espacios de decisión promovió la persecución, avaló la criminalización de la protesta y guardó silencio cómplice ante la destrucción del Estado de derecho.
Perder dos molares frente a perder la vida
Hoy sus abogados alegan afecciones cardiacas y la pérdida de dos molares para pedir clemencia. Pero llamemos a las cosas por su nombre: más allá de cualquier cuadro médico, lo que padece quien ejerció el poder sin contrapesos no es más que un ataque severo de pánico. Es la angustia visceral de saberse sin el abrigo de la fuerza, enfrentando de golpe la realidad y el peso de la justicia internacional.
El contraste duele e indigna:
- Los dientes arrancados a golpes: Mientras Cilia Flores se queja por dos piezas dentales, en los calabozos del Sebin y la Dgcim a decenas de jóvenes y dirigentes detenidos les arrancaron los dientes a golpes durante interrogatorios bajo tortura. Nadie escuchó sus gritos.
- Las intervenciones quirúrgicas negadas: Mientras ella invoca dolencias en el corazón, a múltiples presos políticos se les negaron traslados de emergencia, tratamientos básicos e intervenciones quirúrgicas urgentes. Muchos terminaron muriendo bajo custodia del Estado, víctimas de una negligencia médica calculada.
La marca en mi hogar: Un niño de 6 años interrogado
Esta crueldad no se quedó en las celdas; se metió en la intimidad de nuestras familias. Lo escribo desde la vivencia propia, con la cicatriz que deja la arbitrariedad en el hogar: soy esposa de Nicmer Evans, politólogo y comunicador social encarcelado en dos ocasiones por el régimen de su amado esposo Nicolás Maduro.
Durante uno de los allanamientos a nuestra casa —una operación represiva que se extendió por más de cinco horas— los funcionarios no se limitaron a llevarse preso a mi esposo. Rompiendo cualquier principio elemental de protección a la infancia, funcionarios de la Dgcim vestidos de negro, con armas de guerra y pasamontañas sometieron a un interrogatorio intimidatorio a nuestro hijo de apenas 6 años de edad. Aquel atropello, ideado y ejecutado por el aparato que Cilia Flores ayudó a sostener, dejó secuelas y traumas psicológicos profundos en un niño inocente que vio su casa invadida por hombres armados.
La dignidad de los familiares frente a la ruina del régimen
Frente a esa barbarie, la diferencia moral entre las víctimas y los verdugos es gigantesca. Mientras la cúpula del poder clama por favores cuando la justicia los cerca, las madres, esposas e hijas de los presos políticos que aún siguen secuestrados en Venezuela no se rinden.
Siguen afuera de las cárceles, bajo el sol y la lluvia, en los tribunales y en las calles. No piden privilegios ni compasión injustificada; exigen la libertad absoluta de hombres y mujeres inocentes y el fin de la tortura. Esas familias son la reserva moral de nuestro país.
La lección del poder que cae
Dice el refrán popular que quien a hierro mata, no pretenderá morir a sombrerazo. El colapso y el pánico que hoy muestra la cúpula son la confirmación de que la impunidad no dura para siempre.
Sin embargo, a diferencia de lo que ellos hicieron con Venezuela, la justicia democrática no actúa por venganza ni paga con la misma moneda. Cilia Flores recibirá la atención médica y el debido proceso que su régimen le denegó con saña al país. Esa será la victoria de la ley sobre la tiranía, y el recordatorio de que la memoria histórica no olvida a sus verdugos.
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