Acceso a la Justicia advierte que la orden de la Corte IDH sobre el cierre de El Helicoide permanece en la incertidumbre por falta de datos.
La organización Acceso a la Justicia denunció la absoluta falta de información pública respecto a las medidas exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tribunal internacional ordenó el cierre de El Helicoide tras probar violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante más de dos décadas.
Un caso emblemático detonó esta sentencia histórica contra el Estado venezolano. Agentes de la extinta Disip detuvieron arbitrariamente al ciudadano Jorge Rojas Riera en la Plaza Altamira durante el año 2003. El activista sufrió torturas y tratos crueles durante su permanencia de tres meses en dicha sede policial.
La Corte comprobó atropellos severos contra la libertad personal, la integridad física y el derecho a la reunión pacífica. El fallo otorgó un lapso estricto de 18 meses para clausurar de forma definitiva las celdas del recinto. Asimismo, los jueces exigieron investigar a fondo a los responsables de los vejámenes cometidos contra los detenidos.
Venezuela acumula antecedentes por condenas previas relacionadas con las deplorables condiciones de detención en esta infraestructura. Aunque el gobierno intentó desvincularse del tribunal en 2012, una resolución reciente reafirmó la total vigencia de sus obligaciones internacionales.
Exigen transparencia institucional y memoria histórica ante la orden de cierre de El Helicoide
Las organizaciones defensoras de derechos humanos demandan acciones concretas más allá de una simple remodelación o desalojo de la infraestructura actual.
Los defensores exigen la creación urgente de un registro oficial centralizado sobre las denuncias e investigaciones de torturas cometidas allí. El mandato internacional establece la adopción obligatoria del Protocolo de Estambul en un plazo máximo de dos años.
Esta herramienta técnica permitirá a fiscales y jueces investigar de oficio cualquier abuso reportado en las instalaciones de reclusión. Por otro lado, la sociedad civil rechaza enfáticamente la propuesta gubernamental de transformar la edificación en un complejo deportivo o comercial.
Las víctimas y activistas exigen convertir la estructura en un espacio dedicado a la memoria histórica de las violaciones de derechos. Esta transformación física debe garantizar el recuerdo permanente de las atrocidades cometidas contra los ciudadanos en esos calabozos.
La opacidad de las instituciones estatales impide el seguimiento ciudadano al cumplimiento exacto de las medidas dictadas por la justicia internacional. Esta falta de respuestas oficiales perpetúa la incertidumbre y la impunidad en las familias afectadas por la violencia institucional.
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