21 abril, 2024

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CIDH presenta caso contra gobierno de Maduro por la “Masacre de El Junquito” donde asesinan a Oscar Pérez

Oscar Pérez, agente activo del CICPC, fue un activo crítico al gobierno autocrático tras emitir declaraciones en contra Maduro.
Cicpc Óscar Pérez Azuaje

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso contra el régimen de Nicolás Maduro por las «Masacre de El Junquito,». En este hecho fueron asesinados Oscar Pérez y otras seis personas, por parte de agentes estatales en 2018.

Oscar Pérez, agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue un activo crítico al gobierno autocrático tras emitir declaraciones en contra Maduro y ser cofundador del Movimiento Equilibrio Nacional.

A mediados de diciembre de 2017, el “Movimiento Equilibrio Nacional” ingresó a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana en San Pedro de Los Altos, a las afueras de Caracas, donde se llevaron varios fusiles y pistolas. Luego Oscar Pérez publicó un video de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, en el que manifestó que había realizado “la Operación Génesis”. El mismo día, Maduro ordenó el uso de la fuerza contra el grupo, a quienes describió como terroristas.

Los hechos ocurrieron en enero de 2018, cuando alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Oscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo.

Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con «tiros de gracia». Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.

Conclusiones del informa de la CIDH

En el informe de fondo La Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal.

En cuanto a las garantías judiciales, la Comisión observó, entre otros elementos, la falta de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia.

Por otra parte, la CIDH destacó la impunidad persistente y la violación de derechos de las familias, en especial debido a la imposibilidad de realizar entierros y ritos funerarios de acuerdo con sus creencias para despedir a sus seres queridos, lo cual constituyó una afectación a su integridad psíquica y moral, y una violación a los derechos a la integridad personal y la libertad de conciencia y religión.

Recomendaciones sobre el caso de la masacre donde asesinan a Oscar Pérez

En suma, la Comisión concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la vida (artículo 4.1), integridad personal (artículo 5.1), garantías judiciales (artículo 8.1), libertad de conciencia y religión (artículo 12) y protección judicial (artículo 25.1), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas identificadas en cada una de las secciones del informe.

En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado de Venezuela las siguientes medidas de reparación:

  1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial.
  2. Realizar una investigación diligente y oportuna de los hechos para identificar a las personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Por la gravedad de las violaciones el Estado no puede utilizar garantías legales como la cosa juzgada, ne bis in ídem o prescripción para eludir esta recomendación.
  3. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: a. i) la capacitación de agentes policiales y militares en cuanto a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal; y ii) establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas respecto de abusos cometidos por los miembros de tales cuerpos de seguridad.

Esta presentación del caso ante la Corte IDH es un paso importante en la lucha por la justicia y la reparación para las víctimas de la «Masacre de El Junquito» y sus familiares.

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