Caracas, 01 de febrero de 2022.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE – CIDH) instó a la Administración de Nicolás Maduro cesar con las amenazas y restricciones contra la prensa y la libertad de expresión.
“La RELE llama al Estado a cesar las amenazas y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión e insta a las autoridades a mantener un discurso favorable a la deliberación pública”.
A través de un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por las restricciones a la expresión pública, contenidas en la Ley Contra el Odio que, a su criterio, contiene “figuras penales vagas” que son violatorias del derecho internacional.
La RELE– CIDH rechazó el cierre de los medios de comunicación en el país. Afirmó que solo entre octubre de 2021 y enero de 2022 al menos cuatro emisoras de radio fueron sacadas del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). A ello se suman las declaraciones estigmatizantes contra los profesionales de la comunicación, tal y como lo hizo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien tildó de ladrones a varios periodistas venezolanos.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denunció que el Estado venezolanos se ha encargado de abrir procesamientos judiciales “contra quienes se manifiestan críticamente contra el gobierno o denuncian actos de corrupción”.
“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación frente a las declaraciones estigmatizantes, el cierre de medios de comunicación independientes y los procesamientos judiciales contra periodistas en Venezuela que investigan, informan y denuncian asuntos de interés público”.
En el comunicado la RELE se refirió al allanamiento y apropiación de la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Sucre, por parte de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Así como el caso del periodista Roberto Deniz, quien actualmente reside en Colombia y cuyos familiares cuentan con de medidas cautelares de la CIDH desde febrero de 2020.
“Entre otros hechos que preocupan a la Relatoría, en 2021, agentes de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional habrían allanado la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Cumaná, Sucre, y prohibido el acceso de autoridades y miembros de la asociación. La ocupación habría ocurrido para que se cediera el espacio al funcionamiento de este cuerpo de seguridad.”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reiteró el papel que juega la libertad de expresión en las sociedades democráticas, “pues facilita y hace posible el control y la rendición de cuentas de los poderes públicos por parte de la ciudadanía”.
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