La forma subrepticia en que Jorge Rodríguez ha tramitado la anunciada Ley de Amnistía revela, una vez más, la naturaleza fraudulenta que caracteriza a la cúpula oficialista.
No se trata de un simple vicio procedimental, sino de una práctica política sistemática: el uso del lenguaje jurídico y político para encubrir la arbitrariedad y la negación del Estado de derecho.
En abierta violación de la Constitución y del Reglamento Interior y de Debates, se inició la discusión de un proyecto de ley sin que los diputados tuvieran acceso al texto íntegro.
Acto seguido, se abrió un apurado proceso de consulta pública sobre un documento que no ha sido formalmente publicado, mientras se exige a los consejos legislativos y municipales del país que avalen un contenido que desconocen.
César Pérez Vivas advierte que la Ley de Amnistía no basta: “Ese edificio hay que desmontarlo completo”
Hasta el momento, no existe publicación oficial; solo circula un borrador difundido en redes sociales por un diputado ajeno a la directiva. Este proceder tiene un solo nombre: fraude legislativo.
La lectura del primer borrador confirma las peores sospechas. Es un texto incompleto y peligroso, diseñado más para lavar la imagen del régimen que para cerrar esta tragedia y desmontar el aparato represivo construido durante más de dos décadas.
El proyecto consta de apenas trece artículos y restringe su ámbito de aplicación a diez momentos específicos de la vida política reciente, calificados de manera sesgada como “violencia política”.
Se mencionan desde el golpe de 2002 y el paro petrolero, hasta los ciclos de protesta de 2014, 2017, 2019 y las manifestaciones post-electorales de 2024.
César Pérez Vivas | El camino a la democracia
Esta delimitación no es fortuita. Al circunscribir la amnistía a episodios estigmatizados por el discurso oficial, el poder busca reafirmar su narrativa de criminalización de la disidencia, en lugar de reconocer la existencia de una persecución política estructural.
Más grave aún es lo que el proyecto excluye. Quedan fuera quienes han sido judicializados bajo la Ley Simón Bolívar, la Ley contra el Odio y otros instrumentos de represión vigentes.
Tampoco se contempla la derogatoria del marco legal que hace posible la persecución; al mantener estas leyes, se deja la puerta abierta para nuevas detenciones.
El proyecto no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas ni establece mecanismos de reparación integral para las víctimas. Es, en esencia, una amnistía sin verdad, sin justicia y sin garantías de no repetición.
César Pérez Vivas | La tragedia de los presos políticos
Debe subrayarse que esta amnistía no es automática. Su aplicación debe ser solicitada individualmente y queda sujeta a una verificación judicial, manteniendo la discrecionalidad en manos del mismo sistema que ejecutó la persecución.
Se subordina la libertad de los presos políticos al arbitrio de sus propios carceleros. Es fundamental acordar el cese del proceso penal de forma directa o, en su defecto, la intervención de jueces ad hoc cuya imparcialidad sea incuestionable.
Por otra parte, la propuesta busca proteger a quienes, desde el sistema de justicia, han participado en la criminalización de ciudadanos inocentes, ignorando la prohibición expresa de amnistía para tales delitos. El artículo 29 de nuestra Constitución es taxativo:
“Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Todo ello convierte esta propuesta en un instrumento insuficiente para una verdadera reconciliación nacional. La sociedad democrática —desde sectores académicos, sociales y religiosos— ha presentado propuestas para transformar este proyecto inicial. Esperamos que dichos cambios se incorporen.
Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, la derogatoria del “derecho penal del enemigo” y el desmontaje del sistema represivo. Lo demás es simulación. Y Venezuela ya ha pagado un precio demasiado alto por las simulaciones.
Twitter: @CesarPerezVivas
Correo electrónico: cesar.perezvivas@gmail.com
César Pérez Vivas es Abogado y Profesor Universitario
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