Caracas, 28 de septiembre de 2021. Un bufete privado perteneciente al exjuez Baltasar Garzón, habría sido contratado en el año 2016 por la petrolera estatal, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».
Así lo aseguró el medio español The Objective, quienes mostraron un documento emitido por PDVSA para el pago de los servicios del bufete de Garzón por 8,8 millones de euros con el objetivo de realizar acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
Entre los acuerdos llegados por el bufete Ilocad y PDVSA figuraba la “coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España, lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a PDVSA en la misma causa”, detalla el diario español.
Agregando que “el documento, fechado el 15 de noviembre de 2016, es la autorización formal de PDVSA para contratar los servicios de Ilocad. Y se da la circunstancia de que el directivo de la petrolera que firmó la orden de contratación, Eulogio del Pino, se encuentra pendiente de juicio en Venezuela acusado de corrupción”.
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The Objective mantuvo una conversación con los representantes del bufete de Garzón y estos detallaron como estaban distribuidos los pagos de la empresa estatal venezolana.
«La oferta por estos servicios, ya negociada con el despacho de Ilocad, presenta un monto de 8.835.000 euros, desglosada para su pago según avance y cumplimiento de los siguientes hitos:
-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.
-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.
-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.
-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España».
Por otro lado, el bufete de Garzón también defiende a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde. La administración de Maduro ha calificado la detención de Saab como un «secuestro», mientras que Garzón lo considera «una ilegalidad absoluta».
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