La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe significativo a una de las políticas económicas emblemáticas del segundo mandato de Donald Trump al anular la mayor parte de sus aranceles globales impuestos mediante poderes de emergencia. El fallo, emitido el 20 de febrero de 2026, ha desatado una intensa batalla judicial y una respuesta inmediata y desafiante del presidente.
El fallo histórico de la Corte Suprema
En una decisión dividida de 6 votos a 3, con el presidente de la Corte John Roberts redactando la opinión mayoritaria (apoyado por las juezas Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Barrett y Jackson), el tribunal determinó que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 no autoriza al presidente a imponer aranceles de manera unilateral.
La IEEPA permite al Ejecutivo regular el comercio en situaciones de emergencia nacional declaradas por amenazas extranjeras, pero la mayoría de la Corte sostuvo que los aranceles —considerados impuestos o “duties”— son una prerrogativa exclusiva del Congreso según el Artículo I, Sección 8 de la Constitución. Roberts enfatizó que los fundadores asignaron el poder de gravar exclusivamente al legislativo, y que ninguna ley delega al presidente una autoridad tan amplia para imponer tarifas ilimitadas en monto, duración y alcance.
El fallo invalida principalmente:
Los aranceles “recíprocos” aplicados a casi todos los socios comerciales (con tasas mínimas del 10% y más altas para varios países).
Los aranceles relacionados con el tráfico de drogas (25% a la mayoría de importaciones de Canadá y México, 10% a China), justificados como respuesta a una “crisis de salud pública”.
No afecta, sin embargo, otros aranceles impuestos por Trump bajo leyes diferentes, como los de acero y aluminio de su primer mandato o medidas sectoriales específicas.
La Corte no resolvió qué ocurre con los más de $160-200 mil millones recaudados en aranceles desde 2025 (estimaciones varían según fuentes como Tax Foundation y CNBC). El caso regresa a tribunales inferiores (como el Court of International Trade) para determinar posibles reembolsos a importadores, aunque algunos costos ya fueron trasladados a consumidores.
Contexto de los aranceles de Trump
Durante 2025, Trump declaró emergencias nacionales por déficits comerciales persistentes y el flujo de drogas desde México, Canadá y China. Invocando la IEEPA, impuso gravámenes masivos, conocidos como “Liberation Day tariffs” (a partir del 2 de abril de 2025), argumentando que protegían la manufactura estadounidense y generaban ingresos récord para el gobierno.
Estas medidas generaron demandas de empresas pequeñas, estados (incluyendo California) y grupos empresariales, que alegaron abuso de poder ejecutivo y violación constitucional. Todos los tribunales inferiores habían fallado en contra de la administración antes de que la Corte Suprema tomara el caso de forma acelerada.
La reacción inmediata de Trump
Horas después del fallo, el presidente ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca donde calificó la decisión como “profundamente decepcionante” y un “disgrace” (vergüenza). Criticó abiertamente a varios magistrados —incluso algunos conservadores que votaron en la mayoría— llamándolos “unpatriotic and disloyal” (antipatrióticos y desleales) a la Constitución, y sugirió influencias externas no especificadas.
En un tono desafiante, Trump anunció que no se detendría: invocando otras autoridades legales (como la Sección 122 de la Trade Act de 1974), firmaría órdenes para imponer un arancel global temporal del 10% a todas las importaciones. Afirmó que seguiría recaudando “cientos de miles de millones” y que encontraría formas de “rodear” la decisión de la Corte, manteniendo su agenda de “America First” en comercio.
Implicaciones económicas y políticas
El fallo representa la derrota legal más importante de Trump ante una Corte de mayoría conservadora desde su regreso a la presidencia. Podría reducir la inflación (al eliminar un impuesto efectivo a consumidores) pero genera incertidumbre en el comercio global, con posibles represalias de socios como China, la UE, México y Canadá.
Mientras algunos republicanos anti-aranceles celebran el “cheque y balance” constitucional, aliados de Trump prometen buscar legislaciones o nuevas vías ejecutivas. El debate sobre reembolsos podría convertirse en otra batalla política, con figuras como el gobernador Gavin Newsom exigiendo devoluciones inmediatas con intereses a familias y empresas afectadas.
Esta decisión redefine los límites del poder presidencial en política comercial y marca un capítulo clave en la pugna entre Ejecutivo y Legislativo en materia económica. La respuesta de Trump sugiere que la guerra arancelaria está lejos de terminar.
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