19 abril, 2024

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Sebastiana Barráez| Fueron dirigentes y aliados de la revolución chavista, pero ahora serán juzgados por un tribunal de terrorismo

Violar los derechos humanos y el debido proceso, incomunicar y detener sin orden judicial ha sido recurrente en los últimos años en Venezuela

Caracas, 21 de junio de 2022. Violar los derechos humanos y el debido proceso, incomunicar y detener sin orden judicial ha sido recurrente en los últimos años en Venezuela. Hasta ahora la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), brazo civil de las FBL/FPLN, ardiente defensora de la revolución chavista, no se daba por aludida ante las miles de víctimas, de cuerpos de seguridad, jueces y fiscales, enviadas a las cárceles en estado de indefensión. La CRBZ hoy reclama airada porque la DGCIM detuvo e incomunicó a varios de sus integrantes. Otros son perseguidos y señalados de pertenecer a los Tancol, nombre a que inventó el jefe del Ceofanb para no llamarlos “guerrilla”.

El sábado 18 de junio el gobernador de Apure, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, asistió a la transmisión del programa En Conexión, donde lanzó alabanzas a la Ciudad Comunal Simón Bolívar y destacó la presencia de los comuneros entre quienes estaba el diputado Orlando Zambrano, el alcalde José María Chema y otros.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentó al lugar y se llevó detenido a Antonio Márquez, uno de los más reconocidos como parte de la organización y a quien, desde hace meses, trataba de detener el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los funcionarios se llevaron también a Luis Rodríguez, Ariana Alcalá, Willi Ruiz y Jesús Pérez; todos ellos del llamado Autogobierno de la Ciudad Comunas Simón Bolívar. Los otros detenidos son milicianos y dirigentes de partido de Gobierno: Grismaldo Díaz, Yorlis Fernández y Omar Pérez Pastrana, quien es el vicerrector de la Universidad de Los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez) en Guasdualito.

El diputado Orlando Zambrano junto a la diputada Orellana y el Defensor del Pueblo

El alcalde José María Romero “Chema”, el diputado Orlando Zambrano “Lapo” y la diputada Leonor Olivares no pudieron evitar la detención que hizo la Dgcim.

Lo que está sucediendo con miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional / Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN) es una demostración indiscutible de cómo las revoluciones se tragan a sus hombres, más temprano que tarde; lo demostró la Revolución Francesa con el más fiero de sus incondicionales, el jacobino Robespierre, quien tuvo el mismo destino que le aplicó a tantos adversarios políticos: la guillotina.

La revolución chavista no es fiel ni a sus militantes y así lo está demostrando contra varios de los integrantes de la CRBZ, a quienes les aplica la misma praxis que a opositores, jóvenes inocentes, periodistas, diputados o cualquiera que consideren enemigos y los acusan de terrorismo.

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Las versiones de por qué detienen a varios milicianos y figuras públicas de la Comuna Simón Bolívar, líderes de la CRBZ, FBL/FPLN, son diversas: “secuestraron a la hija de un general”, “le robaron un lote de ganado a un amigo de…”, “mencionaron que el ELN estaba en Venezuela, cuando tenían prohibido hacerlo”, “tenían amistad con comandantes de las disidencias de las FARC”, entre otras. Lo único cierto es que cayeron en desgracia por no ser sumisos y subalternos a la revolución, que ahora les ve los “defectos”.

Durante años las FBL/FPLN ejecutó algunos secuestros por dinero, cobró extorsión generalizada a cientos de productores y ganaderos, impuso el miedo con las armas. Los señalamientos por desapariciones y asesinatos no fueron investigados.

Jacqueline Márquez reclama por tres de los familiares detenidos

La estrategia

Hace unos días el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), GJ Domingo Hernández Lárez, enseñó la destrucción de la estructura de una vivienda asegurando que era de los TANCOL (terroristas, armados, narcotraficantes colombianos), aunque en realidad se trataba de la finca de uno de los comandantes de las FBL/FPLN, alias Román, ubicada en el parcelamiento Guaratarito, entre los municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco, estado Barinas.

Esa no fue la primera acción contra los boliches, nombre que le da el común de la gente a los integrantes de la organización guerrillera venezolana, porque desde hace tiempo hay advertencias, amenazas, el retiro de privilegios por parte de los organismos del Estado, lo que se agravó cuando el coronel Ramón Carrizalez pierde las elecciones internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en su aspiración de permanecer más tiempo en el poder regional de Apure.

El ex gobernador de Apure, Ramón Carrizalez

El coronel Carrizalez, a través de la Gobernación, tenía control de 19 hatos que el Estado incautó, entre ellos Cedral, Marisela, antiguo hato El Frío, y varios hatos como San Pablo Paeño, de la antigua compañía inglesa, El Chaparralito, entre otros. Carrizalez, al saber que no repetiría en la Gobernación, trató de pasarlos a la empresa socialista Agroflora, perteneciente al Ministerio de Agricultura, que en Apure controla un hombre que le es incondicional.

Familiares de algunos de los detenidos han salido ante la opinión pública reclamando saber qué sucede con ellos, por qué no se les ha permitido comunicarse y de qué se les acusa.

El gobernador de Apure en el evento de donde la Dgcim se llevó detenidos a comuneros, milicianos y boliches

Incomunicados y a juicio

Mientras el diputado Orlando Zambrano, del PSUV y una de las cabezas visibles de la CRBZ, visiblemente afectado, reclama al día siguiente, y junto al Defensor del Pueblo del estado Apure, Elizardo Andrade, que están frente a las instalaciones de la DGCIM en Guasdaulito, Apure, y que nadie los ha querido atender ni darles ningún tipo de información sobre lo que sucede con los comuneros detenidos.

Posteriormente junto a la diputada Melisa Orellana, dice que luego de 42 horas se están dando cuenta que “están iniciando el juicio por un Tribunal Militar de Control, sin permitir el ingreso del Defensor del Pueblo ni de los abogados defensores”.

A su juicio lo que está sucediendo con la detención de los siete comuneros del municipio Páez del estado Apure, se está incurriendo en “violación de los derechos humanos y no se está permitiendo el derecho a la defensa que ha sido un rescate de la revolución bolivariana”.

Por otra parte, Rosa Alcalá y Miriam Martínez, hermana y madre de Arianna Alcalá, desde las inmediaciones del Tribunal Militar en Guasdualito, dijeron que esperaban saber por qué se la llevaron. “No nos han dejado verla ni nos dan razón de ella”. Así mismo, una jovencita, hija de Antonio Márquez, dice llorando que “quiero saber si mi papá está bien, necesito saber por qué se lo llevaron”.

Otra de las personas que se ha pronunciado es Jacqueline Márquez, quien manifestó en un video, rodeada de sus hermanos y su mamá, su molestia y preocupación por la detención de su hermano Braulio Márquez, su sobrino Antonio Márquez y su cuñada Arianna Alcalá. “No es justo que ellos estén pasando por este atropello cuando ellos han dado todo por este gobierno, han estado de frente y son personas honestas”, dijo pidiendo verlos, que les den alguna información.

Con información de Infobae

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