La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinaria contra el presidente colombiano, Gustavo Petro. Las autoridades judiciales evalúan una presunta intervención indebida en política por parte del mandatario nacional. La acción legal surge tras una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social X entre los años 2023 y 2025.
La representante investigadora Gloria Isabel Ariza adoptó la decisión tras analizar 15 mensajes difundidos desde la cuenta personal del jefe de Estado. Los investigadores señalan que estos textos guardan relación directa con controversias de carácter político-partidista. El organismo legislativo ordenó la práctica inmediata de pruebas técnicas para determinar si los pronunciamientos del gobernante constituyen una falta disciplinaria grave.
Recopilación de evidencias digitales
El auto judicial detalla que las publicaciones de Petro revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva. La comisión legislativa busca verificar los hechos denunciados y establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los eventos informáticos. Los funcionarios ordenaron incorporar al expediente penal las capturas de pantalla de la red social y el material digital recopilado durante la actuación preliminar.
La Policía Judicial adscrita a la corporación validará la autenticidad de los mensajes emitidos por el líder del Pacto Histórico. Los agentes técnicos documentarán las fechas, los enlaces originales y los datos de los responsables de la administración del perfil digital. Los cuerpos técnicos garantizan la cadena de custodia del material recaudado para evitar modificaciones durante el proceso legal en curso.
Exigencias de información a la Presidencia
La Comisión solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) un informe detallado en un plazo de cinco días hábiles. Las autoridades presidenciales deben certificar si la cuenta @petrogustavo funciona institucionalmente como un canal oficial de comunicación del Poder Ejecutivo. El requerimiento judicial incluye identificar los dispositivos electrónicos utilizados para la difusión de mensajes oficiales.
El organismo también exige la identidad de los funcionarios o asesores externos con acceso a las claves de la red social. La presidencia debe consignar las políticas institucionales sobre el uso de redes y la participación política de los empleados públicos. La solicitud abarca los manuales de los equipos de prensa y estrategia digital desde el inicio del actual mandato.
Impacto electoral en Colombia
La apertura de esta investigación penal ocurre en medio de la tensión política por la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la jefatura del Estado tras obtener las mayores votaciones en la primera vuelta. La legislación de Colombia prohíbe estrictamente a los funcionarios participar en controversias electorales partidistas.
El presidente goza de un fuero constitucional especial que impide que los tribunales de la justicia ordinaria juzguen sus actuaciones políticas. La Cámara de Representantes representa el único órgano competente para investigar los posibles delitos cometidos por el jefe de Estado. Esta agitación política en la región coincide con otros sucesos internacionales de gran impacto, como la reciente detención de involucrados en el asesinato del periodista colombiano Cristian Herrera.
Fuente: EFE
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