Caracas. La Subcomisión de Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano; de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional de 2020; se echó a andar en labores de abordar la situación de los desalojos a inquilinos; supuestamente se están efectuando en distintos estados del país.
UN PLAN DE MEDIOS
El diputado Rigel Sergent es el coordinador de la subcomisión. Dijo que en la reunión ordinaria del miércoles se concertó una agenda que tiene en mente a los mass media; para ratificar la medida de prohibición de desalojos establecidos en la Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
El diputado dijo que se trabajará codo a codo con la Comisión Permanente de Desarrollo Social; ¿cuál es el fin? Sencillo: seguir atendiendo y canalizando las denuncias que se reciban sobre desalojos y atropellos contra familias inquilinas.
“Dichas acciones del legislativo, vienen precedidas de declaraciones e instrucciones de Maduro; así como del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello; quien también pidió a su equipo monitorear las denuncias de desalojos”, dijo El Periodiquito.
EVITAR DESALOJOS IMPIDE RECUPERACIÓN
Si se ratifica el andamiaje legal que prohíbe los desalojos de inquilinos, el mercado secundario de alquileres, estaría lejos de recuperarse y ofrecer opciones de vivienda.
Por su parte, la Cámara Inmobiliaria solicita a la administración de Maduro cambiar el texto legal; y, permitir que haya un avance para garantizar los derechos de los propietarios que se ven afectados.
“Sin embargo, las instrucciones y acciones del Ejecutivo y del Legislativo, están lejos de consensuar con las solicitudes del sector privado, en materia de arrendamiento”, dice el medio citado.
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El 15 de mayo de 2022, Punto de Corte informó que el coordinador del Frente Norte Caracas, Carlos Julio Rojas, dio la alerta sobre invasiones que algunas personas están realizando en algunas de las instalaciones del complejo urbanístico Parque Central y oficinas del Hotel Anauco Suites.
Rojas detalló que “en el conocido Hotel Anauco Suites colectivos tomaron a la fuerza durante los últimos meses unas 20 oficinas, convirtiéndolas posteriormente en viviendas”.
