Caracas, 19 de marzo de 2022.- A propósito del anuncio y entrada en vigencia del aumento salarial a 130 bolívares, un portal de tendencia oficialista, expuso una entrevista realizada a Gonzalo Gómez, quien fue accionante de un Amparo Constitucional para reivindicar el Artículo 91 CRBV, sobre el salario mínimo con referencia a la Canasta Básica.
Fue en el 2018 cuando Gómez introdujo el instrumento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y al momento de ser consultado sobre este tema, indicó que dicho ente declaró “inadmisible” el reclamo contra la violación del Art.19 de la Carta Magna.
En esta misma línea, Gómez expresó que mientras este aspecto fue rechazado, la administración oficialista “sigue violando flagrantemente la norma constitucional y el derecho en materia salarial” en Venezuela.
Lo que se conoce sobre el contenido del documento es que, se le solicitaba al máximo órgano judicial a que exigiera a la administración de Nicolás Maduro que reajustara el salario mínimo con base al “cálculo científico-técnico del costo de la Canasta Básica”.
Solicitud que no fue escuchada, según Gómez “el TSJ no se molestó en presentar una motivación o argumentación que corresponda a alguna lógica de defensa del derecho de los trabajadores de Venezuela, sino que recurre a detalles leguleyos e irrelevantes para rechazar la atención del reclamo, evidentemente como una forma de sacárselo de encima, sin entrar en lo sustancial”.
A juicio del demandante, esta acción ejecutada por el TSJ va de la mano de la burocracia existente en toda la administración oficialista, en este sentido, expresó que si la clase trabajadora no se enfrenta a los funcionarios “antiobreros”, pues estos seguirán “violando el Art 91″ y se mantendrá “el salario por debajo del piso”.
La excusa que desde el TSJ le ofrecieron a Gonzalo Gómez y Carlos Paredes, fue que, supuestamente no acreditaron la representación que alegaban tener, aun cuando el reclamo es un derecho ciudadano y de los trabajadores.
Otro punto destacado tiene que ver con que Gómez “actuaba como ciudadano y en nombre de la organización de hecho Marea Socialista”, donde ni el CNE ni el TSJ permitieron una legalización, y este último organismo tampoco pidió acreditación.
Por su parte, Carlos Paredes, quien está frente del Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ), especialmente activo en Barinas y en la región andina, es integrante de una organización registrada y actuante como tal.
Luego de tres años y medio el TSJ no admite la procedencia del amparo, dejando a “Millones de personas, sometidas a la imposición de un salario mínimo casi equivalente a cero, y que supone trabajar bajo condiciones semi-esclavas, como mano de obra prácticamente gratuita, a consecuencia de la violación gubernamental y patronal del Art. 91 de la CRBV”, sentenció Gómez.
Gómez adelantó que continuarán dando pasos para que se dé respuesta a la situación de violación al Art. 91 de la Constitución, hacer frente a la administración burocrática y “a los dirigentes seguidores de los partidos patronales”, es por ello que probablemente avancen en actividades para el 1° de mayo.
Aumento salarial
Gómez también criticó que desde la administración de Maduro quieran hacer ver el aumento como algo “colosal”, agregó, “venimos de tener por años un Salario Cero y seguimos estando en fracciones insignificantes del costo de la canasta básica (referencial para el salario mínimo según el Art 91) e incluso de la simple canasta alimentaria”.
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Incluso, el sueldo mínimo en el territorio venezolano continúa siendo inferior incluso al de los países más pobres de Latinoamérica. Y que el anclaje del salario al petro “no cumple con lo dispuesto por el Art 91 CRBV” y que tampoco satisface.
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