Caracas, 23 de mayo de 2022. Este lunes, Amnistía Internacional Américas, ha emitido una Acción Urgente referente a la demanda interpuesta por el gobernador psuvista Rafael Lacava, contra los defensores Marino Alvarado (PROVEA) y el padre Alfredo Infante, a quienes señala de “difamadores” por denunciar las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido en el estado Carabobo.
La organización internacional defensora de los derechos humanos, hace un llamado al mandatario regional, a que “debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante”.
“La demanda surge como respuesta a un informe publicado en marzo por las ONG a las que pertenecen Alvarado e Infante, Provea y Centro Gumilla respectivamente, que denuncia posibles ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo y la falta de rendición de cuentas del gobernador. El gobernador debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos“, expresa Amnistía Internacional a través de un comunicado publicado en su página Web.
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El pasado jueves las organizaciones Provea y Gumilla ofrecieron una rueda de prensa luego del anuncio del gobernador Lacava. Ante esto, Marino Alvarado, director de Exigibilidad de Provea, propuso crear una comisión para que “analicemos las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 2021 en Carabobo”.
Alvarado, precisó que esta comisión estaría integrada por el delegado del estado Carabobo de la Defensoría del Pueblo, el fiscal superior del estado Carabobo, la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, el personal, una representación de la organización Provea y Gumilla.
El representante de la organización de DDHH recordó que “la defensa de la vida siempre será nuestra actitud. Tenemos representantes de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela” .
Al tiempo que exhortó a Lacava a abrir espacios para conocer lo que sucedió en 2021 en la entidad carabobeña.
“Se criminaliza”
Por su parte, el Padre Alfredo Infante en representación de Gumilla, comentó que “en Venezuela se criminaliza a los jóvenes de los barrios. Queremos apostar por resaltar la dignidad y la vida de los jóvenes, que se abran posibilidades para ellos”.
No obstante, aclaró que pedir una investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales, es “un derecho y deber ciudadano amparado en la Constitución nacional, no es un delito”.
Finalmente el párroco de La Vega, destacó que están abiertos al diálogo.
“Consideramos que la respuesta adecuada de cualquier gobernante debe ser proceder una investigación para garantizar el derecho a la vida”, apuntó.
