El 28 de julio de 2025, un fallo histórico sacudió a Colombia: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más influyentes y polarizantes del país, fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La sentencia, dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia en Bogotá, también lo inhabilita políticamente, marcando la primera vez que un exmandatario colombiano es encontrado culpable en un juicio penal. El caso, conocido como el “juicio del siglo”, ha reavivado el debate sobre si Uribe es culpable o si enfrenta una persecución judicial motivada por su historial contra las guerrillas de izquierda. A continuación, exploramos los detalles del caso, los argumentos de ambas partes y las posibles implicaciones.
El Origen del Caso: Un Conflicto con Raíces Políticas
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos para vincularlo con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cepeda había presentado en el Congreso grabaciones de un exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve, quien afirmó que Uribe y su hermano Santiago fundaron el Bloque Metro de la AUC en Antioquia durante los años 90. Uribe acusó a Cepeda de sobornar a exparamilitares para fabricar estas acusaciones.
Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una investigación contra Uribe por manipulación de testigos. La Corte determinó que no había evidencia de que Cepeda pagara o presionara a testigos, pero sí encontró indicios de que Uribe y sus aliados intentaron sobornar a exparamilitares para retractarse de sus testimonios. Este cambio marcó el inicio de un proceso de 13 años que culminó en la condena de 2025.
Los Delitos y la Evidencia
La jueza Heredia encontró a Uribe culpable de dos cargos:
- Soborno en actuación penal: Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, habría ofrecido beneficios legales a Monsalve y otros exparamilitares encarcelados en la prisión La Picota de Bogotá para que cambiaran sus declaraciones. Monsalve proporcionó grabaciones secretas de conversaciones con Cadena, donde se discutían estos incentivos. La jueza concluyó que Uribe fue el “determinador” de estas acciones, aunque su defensa alegó que Cadena actuó por cuenta propia.
- Fraude procesal: Uribe fue hallado culpable de presentar evidencia falsa o manipulada ante la Corte Suprema para influir en su decisión. La jueza determinó que hubo una “omisión deliberada” por parte de Uribe que permitió estos actos ilícitos.
El fallo, de más de 1,000 páginas, se leyó durante casi 10 horas. Heredia enfatizó que “la justicia no se arrodilla ante el poder” y pidió respeto por la decisión, destacando el papel de las mujeres en la investigación pese a ataques misóginos. Uribe, de 73 años, podría cumplir la sentencia en arresto domiciliario debido a su edad, pero su equipo legal ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Si la apelación falla, el caso podría llegar a la Corte Suprema, aunque el plazo de prescripción expira el 8 de octubre de 2025.
El Contexto: Uribe y su lucha contra las guerrillas
Álvaro Uribe, presidente de Colombia de 2002 a 2010, es célebre por su política de “seguridad democrática”, que debilitó significativamente a las guerrillas de izquierda como las FARC y el ELN.
Con el respaldo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, Uribe intensificó las operaciones militares, redujo los secuestros y recuperó el control de vastas zonas del país. Su enfoque de mano dura le ganó un apoyo masivo entre los colombianos, pero también críticas por violaciones a los derechos humanos.
Entre las acusaciones más graves está el escándalo de los “falsos positivos”, donde militares asesinaron a civiles (al menos 6,402 entre 2002 y 2008) y los presentaron como guerrilleros caídos en combate para inflar resultados. Además, críticos han señalado vínculos de Uribe con paramilitares de derecha, que surgieron en los 80 para combatir a las guerrillas y se financiaban con el narcotráfico.
Durante su gobernación en Antioquia (1995-1997), Uribe apoyó las Convivir, cooperativas de seguridad privada que, según Human Rights Watch, colaboraban con paramilitares y amenazaban a civiles.
Documentos desclasificados de EEUU, como un informe de la DIA de 1991, lo describen como cercano al Cartel de Medellín y a Pablo Escobar, aunque Uribe siempre ha negado estas acusaciones. Un cable de 1997 revela que un congresista colombiano señaló que Uribe, como ganadero, tenía lazos con terratenientes que pagaban a paramilitares para atacar a guerrilleros.
Estos antecedentes alimentan la narrativa de que el juicio actual podría ser una retaliación por su historial contra la izquierda.
¿Culpable o Perseguido?
Argumentos a favor de la culpabilidad
La evidencia presentada, como las grabaciones de Monsalve, sugiere que Uribe intentó manipular testigos. La jueza Heredia afirmó que las pruebas eran concluyentes.
La Corte Suprema, en 2018, determinó que Uribe, no Cepeda, era quien presionaba a testigos, lo que refuerza la credibilidad de la investigación.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión de la Verdad han documentado abusos durante el gobierno de Uribe, lo que da peso a las acusaciones de vínculos paramilitares.
El fallo es visto como un avance en la lucha contra la impunidad de figuras poderosas en Colombia, donde históricamente los líderes políticos han evadido la justicia.
Argumentos de persecución política:
Uribe y sus seguidores, como el senador Marco Rubio y congresistas republicanos de EE. UU., califican el juicio como una “cacería de brujas” liderada por jueces “radicales” y el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, exguerrillero del M-19. Rubio afirmó en X que Uribe “solo luchó por defender su patria”.
La defensa de Uribe alega que las grabaciones fueron manipuladas y que Monsalve, un exparamilitar, no es un testigo fiable. Además, señalan que Cadena actuó sin el conocimiento de Uribe.
El expresidente ha denunciado en X un “montaje judicial” y una venganza por su oposición al acuerdo de paz con las FARC en 2016, que criticó por dar impunidad a exguerrilleros. Sus aliados, como Paloma Valencia, insisten en su inocencia y en la falta de pruebas directas.
El timing del fallo, a un año de las elecciones de 2026, sugiere a algunos una maniobra para debilitar al uribismo, que sigue siendo una fuerza política relevante.
Implicaciones del Fallo
La condena de Uribe profundiza la polarización en Colombia. Para sus detractores, es un triunfo de la justicia que rompe con la impunidad de la élite. Para sus seguidores, es un ataque a un líder que salvó al país de las guerrillas.
El presidente Petro defendió la independencia judicial, pero pidió protección para la jueza Heredia ante posibles amenazas.
El caso también tiene repercusiones internacionales. EEUU, aliado clave de Uribe durante su presidencia, ha mostrado divisiones: mientras Rubio y republicanos lo respaldan, otros ven el fallo como una señal de fortalecimiento del sistema judicial colombiano.
Además, la condena podría inspirar nuevas investigaciones sobre los “falsos positivos” y los presuntos lazos paramilitares de Uribe, aunque el tiempo y la prescripción podrían limitarlas.
Un Caso Abierto: ¿Es Álvaro Uribe culpable o víctima de un sesgo político?
Las pruebas presentadas, como las grabaciones y el testimonio de Monsalve, sugieren un intento de manipulación de testigos, pero la falta de evidencia directa que vincule a Uribe con las acciones de Cadena deja espacio para el debate.
Su historial contra las guerrillas de izquierda, su oposición al acuerdo de paz y su influencia en la derecha colombiana hacen plausible la teoría de una persecución, especialmente bajo un gobierno de izquierda. Sin embargo, las acusaciones de vínculos paramilitares y abusos durante su mandato no son nuevas y han sido respaldadas por documentos y testimonios.
Mientras Uribe apela la sentencia, el caso sigue siendo un reflejo de las profundas divisiones en Colombia. Su legado, entre la seguridad lograda y las sombras de los derechos humanos, continuará siendo objeto de controversia. La verdad definitiva, si alguna vez emerge, dependerá de la transparencia de los procesos judiciales y de la voluntad de enfrentar el pasado del país.
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