Manifiesto de Panama

Alejandro Sauce | ¿Principios o intereses? El dilema internacional tras el Manifiesto de Panamá

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Durante años, la oposición venezolana ha intentado de múltiples formas cohesionarse en torno a la situación de Venezuela y un hecho político reciente sacude el tablero interno e internacional; El Manifiesto de Panamá. Este, no es un documento político más dentro de la dinámica opositora venezolana. Es, en esencia, una pieza de posicionamiento internacional que intenta reordenar la relación entre la crisis venezolana y el sistema global en un momento particularmente complejo del orden mundial.

Durante años, el conflicto venezolano ha estado atravesado por una tensión constante entre principios y pragmatismo. Por un lado, el reconocimiento de la ruptura democrática; por otro, la adaptación de actores internacionales a una realidad donde intereses energéticos, comerciales y geopolíticos han condicionado la toma de decisiones.

El esfuerzo de Panamá intenta reinsertar la causa venezolana en el eje normativo de las democracias occidentales. Busca construir un marco de legitimidad internacional alineado con Estados Unidos y otros aliados democráticos, reconociendo explícitamente el rol del gobierno norteamericano en la estructuración de un plan de transición y esto no es menor, porque representa una decisión política clara: anclar la transición venezolana en el bloque occidental en un contexto global marcado por la multipolaridad y el avance de autoritarismos pragmáticos.

Lo he señalado de forma consistente: el problema venezolano ya no es únicamente interno.

Es también un problema de posicionamiento internacional, porque en el mundo actual, los procesos de transición no dependen exclusivamente de dinámicas domésticas.

Requieren, en distintos niveles, articulación externa, reconocimiento político y, sobre todo, confianza por parte de actores que luego serán determinantes en la reconstrucción económica como organismos multilaterales, inversionistas, gobiernos y sistemas financieros, en síntesis: la relación entre democracia real y recuperación económica.

En este sentido el documento establece con claridad que el objetivo de la transición no es únicamente político, sino también económico: crecimiento sostenido, prosperidad compartida y re-inserción del país en la comunidad internacional y esto es fundamental, ya que algunos sectores han intentado posicionar la idea de una “normalización económica” en Venezuela, basada en la flexibilización de sanciones, el retorno de empresas y ciertas dinámicas comerciales, cuando el Manifiesto reafirma una tesis distinta: la recuperación estructural del país requiere condiciones políticas previas, tesis que comparto plenamente y no es una consigna, es una realidad económica.

Los capitales de largo plazo, el acceso a financiamiento internacional, la cooperación multilateral y la reconstrucción del aparato productivo dependen de variables que hoy siguen ausentes en Venezuela: Estado de derecho, reglas claras, seguridad jurídica y legitimidad de origen. Sin estos elementos, cualquier apertura será parcial, frágil y reversible.

En el documento se habla de una “oportunidad histórica” para construir un bloque de naciones libres, prósperas y soberanas en las Américas y este planteamiento convive con una realidad más compleja: el sistema internacional actual no está estructurado exclusivamente en torno a principios democráticos, sino también a intereses estratégicos. Los últimos años han demostrado que actores externos pueden, y de hecho lo han hecho, avanzar en acuerdos económicos con Venezuela sin exigir transformaciones políticas profundas.

La lógica energética, la seguridad regional y la competencia entre potencias han introducido elementos de pragmatismo que tensionan el enfoque político y normativo del manifiesto y mi posición ha sido clara en mis distintos escritos, aportes y entrevistas: la comunidad internacional puede ofrecer condiciones, facilitar procesos y acompañar negociaciones, pero no puede sustituir la construcción de legitimidad interna ni garantizar por sí sola la sostenibilidad de una transición.

En síntesis, la transición debe ser liderada por los venezolanos quienes deben conducir este proceso. Por ello, debemos reconocer la claridad política expresada por Maria Corina Machado y los asistentes a dicho encuentro, en instrumentalizar mecanismos para esta transición y que la decisión final repose en elecciones libres y democráticas, para que sea el Pueblo venezolano quien decida.

En esta circunstancia histórica, el manifiesto de Panamá plantea una negociación con acompañamiento internacional y la construcción de un Gran Acuerdo Nacional como base para la gobernabilidad democrática. Ambas son condiciones necesarias y su viabilidad dependerá de factores que van más allá del documento: correlación de fuerzas internas, cohesión política opositora y capacidad real de transformar estructuras de poder. Ahí mi exhorto a la oposición venezolana; no es momento de aspiraciones estériles y cargos superfluos, es el momento de la Nación toda.

En conclusión, el Manifiesto de Panamá representa un intento serio de reposicionar la causa venezolana en el tablero internacional, articular una narrativa coherente de transición y conectar democracia con desarrollo económico, pero también expone las tensiones propias de este momento histórico: entre principios y pragmatismo, entre respaldo externo y realidad interna, entre apertura económica y ausencia de reglas.

El desafío sigue siendo el mismo que he planteado en distintos artículos y espacios públicos: la recuperación de Venezuela no es posible sin democracia, pero tampoco sin una inserción internacional creíble, coherente y sostenible. En el mundo actual, ambas dimensiones son inseparables, Porque, en el fondo, la pregunta no es solo política: es si Venezuela puede volver a ser un país confiable en el sistema internacional.

Msc. Lic. Alejandro Sauce Navarro Magister en Integración y Comercio Internacional. Universidad de Montevideo, Uruguay.   Magister en Marketing. Aden Business School y Universidad Politécnica de Cataluña, España.Miembro del Centro de Estudios Estratégicos – Democracia e Inclusión (CEEDI). Profesor universitario, asesor en programas y proyectos de desarrollo. Productor y conductor de Punto Internacional – Plataforma Punto de Corte.

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