El Movimiento Unidos por el Agua denunció que tres municipios de Lara reciben agua turbia y sin potabilizar por presunta falta de sulfato de aluminio.
Este martes 14 de julio, el Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos en el estado Lara denunció una grave crisis de insalubridad.
Los activistas señalaron que los habitantes de Iribarren, Jiménez y Morán reciben líquido marrón en sus hogares. Los defensores culpan directamente a la falta de sulfato de aluminio para el debido proceso de purificación ambiental.
Alcides Pérez, miembro de la organización, alertó que el recurso llega totalmente sucio a las comunidades que dependen del embalse Dos Cerritos.
Por esta razón, el vocero exigió explicaciones urgentes a Hidroven y a la gobernación larense sobre esta alarmante situación. El portavoz afirmó que el agua sin potabilizar representa una seria amenaza pública.
El consumo del recurso en estas condiciones genera un peligro inminente de enfermedades gastrointestinales severas para miles de familias vulnerables. La preocupante persistencia del lodo evidencia un colapso en el sistema de filtrado regional.
Los ciudadanos exigen respuestas inmediatas ante la falta de transparencia gubernamental.
La población teme por la salud de los niños y ancianos debido a la contaminación del suministro vital.
El peligro del agua turbia y la falta de tratamiento químico
La organización vecinal presume que las plantas de tratamiento suspendieron la aplicación de gas cloro y sulfato de aluminio. Estos componentes químicos eliminan las bacterias dañinas que viajan desde el embalse Dos Cerritos hasta la planta ubicada en Quíbor.
El vocero reconoció que las lluvias en las montañas de El Alto Tocuyo arrastran sedimentos hacia la represa principal. Sin embargo, la ausencia de los reactivos purificadores impide el saneamiento final del líquido que llega a los hogares.
Por ello, Alcides Pérez exhortó al gobernador Adolfo Pereira y a las autoridades hidráulicas a emitir un pronunciamiento oficial sobre este grave escenario.
El problema afecta actualmente al 77% de la población del estado Lara, atrapada en una severa crisis de servicios básicos. Los afectados exigen un cronograma claro para la solución definitiva de esta contingencia que vulnera sus derechos humanos fundamentales.
La falta de agua limpia no solo golpea la calidad de vida de las comunidades. Esta deficiencia también desata una emergencia sanitaria latente que los organismos competentes deben atender con extrema prioridad institucional.
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