El proyecto de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio plantea eliminar las penas de prisión de 10 a 20 años. La propuesta, presentada por Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional, busca sustituir la cárcel por altas sanciones económicas, trabajo comunitario y programas educativos. El texto renombra la norma como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia. Además, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la conformidad constitucional del proyecto para avanzar con la modificación.
Sanciones económicas y trabajo comunitario
Las nuevas sanciones oscilarán entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela. El Ministerio de Interior y Justicia fijará la cuantía según la gravedad y reincidencia del hecho. Asimismo, la autoridad podrá aplicar entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o programas de formación. La propuesta aclara que en ningún caso las conductas generarán medidas privativas de libertad.
Excepciones en el discurso y ejercicio periodístico
El nuevo artículo 4 define el discurso de odio como la expresión que promueve directamente la violencia o discriminación. No obstante, la norma excluye explícitamente las opiniones políticas, la libertad de expresión y la labor periodística. Estos sectores mantendrán sus garantías siempre que no incurran en incitaciones directas a actos delictivos. Por su parte, la ley tipifica el hostigamiento como una conducta sistemática e intimidatoria contra cualquier ciudadano.
Regulaciones para salud, medios y partidos
La reforma establece que los prestadores de servicios de comunicación deben difundir contenidos orientados a la paz. El incumplimiento de esta disposición acarreará procedimientos administrativos. En el sector salud, el personal que niegue atención por discriminación enfrentará multas severas e incluso la destitución de sus cargos. Por último, los partidos políticos deberán ajustar sus estatutos para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pluralidad democrática bajo la supervisión del CNE.
Creación de una nueva comisión garante
El proyecto contempla la creación de la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica. Este organismo estará integrado por 15 representantes, entre ellos diputados, ministros, la directiva del TSJ, el fiscal general y voceros de organizaciones sociales. La instancia velará por el cumplimiento de las normativas y la resolución pacífica de conflictos en el país.
Fuentes consultadas: Monitoreamos.com y Punto de Corte
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