El OVP denuncia que autoridades exigen hasta 100 dólares a familias de presos para reparar las instalaciones en varias cárceles del país.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció una nueva modalidad de cobro ilegal dentro del sistema penitenciario nacional. Varios familiares de reclusos revelaron la exigencia de pagos que oscilan entre 50 y 100 dólares por cada persona privada de libertad.
Los custodios justifican estos montos con la necesidad de pintar canchas deportivas, reparar comedores y arreglar techos deteriorados en las instalaciones. Esta cifra se suma a los cobros semanales por acceso al agua potable, consumo de alimentos básicos y realización de visitas conyugales.
Los internos comunican las órdenes a través de llamadas telefónicas directas o durante las visitas semanales de sus allegados. En algunas situaciones, los propios funcionarios de custodia contactan a las familias y suministran cuentas bancarias para recibir las transferencias electrónicas.
Las víctimas expresan un profundo temor ante probables represalias físicas, castigos disciplinarios, aislamiento forzado o incomunicación contra los prisioneros sin recursos. La organización no gubernamental confirmó la recolección de denuncias principalmente en recintos ubicados en Carabobo, Guárico, Miranda y Lara.
La mayoría de los hogares afectados carece de capacidad económica y realiza sacrificios extremos para costear los traslados y alimentos semanales.
Estas exigencias agravan sustancialmente la precarización económica de las comunidades vulnerables que sostienen a la población encarcelada en el territorio venezolano.
Cobros ilegales amenazan los derechos humanos en las cárceles
El director del organismo defensor, Humberto Prado, rechazó de forma categórica el abuso de poder ejercido por los Custodios penitenciarios. El activista recordó que el Estado ostenta la responsabilidad legal y financiera del mantenimiento de la infraestructura física del país.
El Estado administra el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Este organismo público debe planificar, financiar y ejecutar todas las obras de reparación, remodelación y construcción en las prisiones venezolanas.
Por consiguiente, las autoridades cometen delitos graves de concusión y corrupción al traspasar estas cargas presupuestarias a los internos sometidos a su custodia.
Prado enfatizó que estas acciones vulneran de manera flagrante los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las exigencias monetarias atropellan la dignidad de la población carcelaria y explotan la vulnerabilidad económica de sus familias.
El Observatorio documenta estas irregularidades para evidenciar el desvío sistemático de funciones por parte de los funcionarios de custodia en diversos estados. Ningún ciudadano debe pagar montos adicionales para garantizar las condiciones básicas de habitabilidad o de infraestructura dentro de un presidio estatal.
Las leyes vigentes prohíben expresamente cualquier tipo de cobro no estipulado a las personas procesadas o condenadas por la justicia.
Acciones legales del OVP ante la Fiscalía por extorsión en cárceles
Frente a la gravedad de los hechos, la organización no gubernamental formalizará peticiones legales ante las instancias de justicia nacionales. El equipo técnico consignará un expediente detallado con pruebas recabadas ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.
De igual manera, los defensores presentarán la acusación ante la Defensoría del Pueblo para exigir una investigación exhaustiva, transparente e inmediata. El OVP responsabiliza directamente al ministro de Servicio Penitenciario y a los directores de los recintos por cualquier agresión futura.
Las autoridades institucionales deberán responder por cualquier daño físico, psicológico o acto de hostigamiento contra los reclusos tras esta denuncia. La entidad mantendrá los canales de recepción de testimonies abiertos para identificar nuevos patrones de desvío de recursos públicos.
Asimismo, la ONG publicará nuevas evidencias probatorias si los organismos competentes omiten los correctivos institucionales exigidos por la legislación vigente. Prado instó a los órganos del sistema judicial a sancionar de manera severa a los funcionarios responsables de los cobros.
Las familias vulnerables exigen un cese inmediato a las presiones financieras y el respeto irrestricto a los preceptos constitucionales vigentes. La impunidad en estos casos perpetúa las redes de extorsión que operan al margen de la supervisión judicial ordinaria.
El Estado debe garantizar la gratuidad del sistema en las cárceles
La Constitución nacional establece claramente el deber del Poder Ejecutivo de velar por la integridad integral de toda persona bajo custodia estatal. La falta de presupuesto institucional no justifica en ningún caso la extorsión directa contra los parientes de las personas privadas de libertad.
Las familias de escasos recursos económicos sufren un desgaste financiero insostenible para cubrir las necesidades biológicas más elementales de los prisioneros. La imposición de tarifas para reparar las paredes o impermeabilizar los techos destruye el sentido constitucional de la rehabilitación social.
Los defensores de derechos humanos exigen la intervención urgente de la Contraloría General para auditar los recursos asignados al sector penitenciario. Resulta imprescindible supervisar la asignación presupuestaria destinada a las obras públicas dentro de los recintos carcelarios de toda la nación.
La sociedad civil organizada continuará visibilizando las arbitrariedades cometidas en el interior de las prisiones para proteger la vida humana. Las víctimas requieren garantías reales de protección para denunciar la corrupción sin sufrir represalias violentas por parte de las autoridades.
El cumplimiento estricto de las responsabilidades públicas constituye la única vía para erradicar las redes de exacción económica en los presidios. La justicia venezolana enfrenta la prueba decisiva de poner fin al cobro indebido de dinero en todas las dependencias penitenciarias.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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