La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero, denunció este martes que sufrió severas coacciones para validar sentencias de inhabilitación política. Entre estas resoluciones destaca la medida contra la líder opositora María Corina Machado, a quien impidieron competir en los comicios presidenciales de 2024.
A través de un manifiesto en video y una carta pública, la exjueza explicó el origen de las presiones. El 15 de diciembre de 2023, Machado presentó su solicitud de revisión ante la Sala Político Administrativa del TSJ. Ese mismo día, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestaron de manera arbitraria a sus hermanos, los oficiales Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, junto a su cuñada Diana Desirée Victoria Justo.
Detención de familiares como mecanismo de chantaje
La exfuncionaria judicial aseguró que la coacción ocurrió mientras ejerció la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa, tribunal encargado de fallar sobre causas políticas. Al ignorar la ubicación exacta de sus parientes y temer por sus vidas, la magistrada firmó múltiples fallos contra opositores.
Meses después, la Fiscalía General vinculó a sus tres allegados en la causa penal “Brazalete Blanco”. El expediente judicial acusó a diversos ciudadanos de participar en un presunto complot de magnicidio contra Nicolás Maduro. César Siero calificó el procedimiento de montaje narrativo ideado para condicionar sus decisiones procesales e intimidar al resto del Poder Judicial y de la FANB.
Condenas recientes y acusación directa al Estado
Adicionalmente, César Siero reveló que la obligaron a dimitir del cargo de magistrada del TSJ en dos oportunidades. Si bien dos de sus allegados obtuvieron medidas cautelares a mediados del año 2024, los tribunales terminaron condenando al grupo familiar la semana pasada a penas entre tres y doce años de prisión por presunta conspiración y encubrimiento.
Ante esta situación, la exmagistrada responsabilizó formalmente al Estado venezolano y a los mandos de la DGCIM por cualquier atentado, represalia o amedrentamiento contra su integridad o la de sus allegados.
Fuentes consultadas: Agencia EFE, El País, Infobae, Runrun.es, La Verdad y Soy Nueva Prensa Digital.
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