El Coronel retirado Oscar Pérez, de 72 años de edad y bajo medida de arresto domiciliario, enfrenta una severa crisis de salud que pone en riesgo inminente su vida. Informes médicos oficiales confirman que el militar padece un Adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (4+3) diagnosticado en el año 2021. Sin embargo, las autoridades judiciales competentes no han otorgado los permisos requeridos para que reciba la atención médica indispensable.
Los resultados de laboratorio más recientes, emitidos el 21 de agosto de 2026 por el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, registran un Antígeno Prostático Total (PSA) de 5.990 ng/ml. Esta cifra supera alarmantemente el límite normal de 4.000 ng/ml, lo cual evidencia una progresión de la enfermedad. Especialistas oncológicos señalan la urgencia de aplicar evaluaciones y tratamientos trimestrales para detener el avance del tumor.
Trámites judiciales sin respuesta oficial
La defensa del Cnel. Pérez tramitó formalmente la solicitud de traslado médico el 6 de abril de 2026. La petición ingresó oficialmente el 8 de abril de 2026 ante el Juzgado Especial Segundo con Competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Carolina Molinos. A pesar de los constantes requerimientos, el tribunal aún no emite la autorización correspondiente para la movilización del paciente.
Diversas capturas de mensajes muestran la angustia del militar, quien suplica a su abogada defensora por una respuesta institucional. La paralización del expediente mantiene al detenido en una condición de vulnerabilidad absoluta frente al deterioro gradual de su estado físico.
Violación de derechos fundamentales
Organizaciones de derechos humanos advierten que negar el acceso oportuno a la medicina especializada constituye una falta grave al derecho a la vida y a la integridad personal. Familiares y defensores recalcan que la detención domiciliaria no suspende los garantismos básicos de la persona, menos aún en casos de enfermedades crónicas o terminales.
La situación del presidio en Venezuela ha generado persistentes alertas internacionales por la falta de asistencia médica a los detenidos por razones políticas. Distintos informes independientes exigen al Estado venezolano garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de salud en custodia.
Llamado a organismos internacionales
Ante la falta de pronunciamiento judicial, defensores de derechos humanos enviaron alertas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los activistas exigen la intervención urgente de estos entes para evitar un desenlace fatal.
El caso del Coronel Oscar Pérez visibiliza nuevamente la urgencia de atender las solicitudes médicas de los prisioneros procesados en el país. Representantes de la sociedad civil sostienen que la denegación de tratamiento configura una forma de trato cruel e inhumano que exige rectificación inmediata.
Fuentes:
- Informe médico oficial del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo
- Documentos del Juzgado Especial 2° con Competencia en Terrorismo
- Coberturas periodísticas previas en Punto de Corte
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