La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España investiga al comisario Jesús María Gómez Martín, vinculado al polémico caso “Delcygate”. Las autoridades indagan si el funcionario borró expedientes policiales para favorecer a la red de tráfico de influencias atribuida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Los agentes sospechan que Gómez Martín eliminó la ficha policial de Francisco Alfonso Díazgranados, hijo menor del bróker chavista Danilo Díazgranados. La Fiscalía Anticorrupción rastrea un presunto pago de 7.000 euros que el jefe policial habría recibido a cambio de limpiar el historial del joven.
Mensajes de WhatsApp delatan los pagos
Las pesquisas fundamentales surgieron tras la intervención de varios teléfonos propiedad del abogado Miguel Palomero. Un informe de inteligencia financiera detalla las conversaciones del chat denominado “Danilo España”, donde los implicados celebraron la supuesta desactivación de los registros criminales.
“Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko”, escribió textualmente Palomero en la plataforma de mensajería. El hijo del financista venezolano enfrentaba una acusación por falsedad documental tras resultar detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas en mayo de 2019.
El juzgado asegura que el borrado de datos buscaba asegurar que el Gobierno de Estados Unidos no le prohibiera el ingreso al joven. Los fiscales españoles detectaron que las peticiones de favores y las gratificaciones económicas irregulares transcurrieron de forma continua desde junio de 2019.
Zapatero bajo la lupa judicial
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señala al expresidente Rodríguez Zapatero como el presunto líder de esta organización delictiva. Documentos judiciales exponen que los miembros de la red utilizaban seudónimos como “Zorro” o “Z” para coordinar las operaciones de la trama.
La magistrada Esperanza Collazos remitió los expedientes tras detectar que Zapatero gestionó negocios petroleros en favor de los empresarios venezolanos ante la multinacional Repsol. Los informes ligan al comisario de Barajas con la aerolínea Plus Ultra y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.
La Dirección General de la Policía española evalúa aplicar medidas cautelares y abrir un expediente disciplinario contra el jefe policial implicado. Gómez Martín convocó a una reunión urgente en la jefatura de Canarias para defender su inocencia frente a las acusaciones del sumario.
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