La República Bolivariana de Venezuela rechazó categóricamente las declaraciones emitidas por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, desde el territorio de la Guayana Esequiba. El Gobierno venezolano calificó estos pronunciamientos como provocadores. Señaló además que Georgetown administra dicha área como resultado de un despojo fraudulento ejecutado históricamente por el Reino Unido.
Mediante un comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil, la administración venezolana afirmó que las aseveraciones del mandatario guyanés falsifican la verdad histórica. El documento recuerda que la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 superó formalmente la discusión sobre el Laudo Arbitral de París de 1899.
Defensa de los derechos históricos y diplomacia
La Cancillería reiteró que la nación no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir esta controversia territorial. Caracas enfatizó que nunca otorgó su consentimiento a dicho tribunal para conocer la demanda unilateral de Guyana, ya que viola el espíritu del tratado de 1966.
Este conflicto diplomático coincide con el panorama regional donde Estados Unidos impulsa alianzas económicas que impactan directamente las relaciones políticas de la zona. Finalmente, el Estado ratificó que Guyana tiene la obligación de negociar directamente cara a cara con Venezuela para lograr una solución mutuamente aceptable.
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