Un grupo de activistas y ciudadanos venezolanos se concentró este sábado frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires. Los manifestantes exigieron la reapertura inmediata de la sede diplomática, la cual permanece cerrada por decisión del régimen chavista desde hace casi dos años. Esta situación impide que miles de migrantes accedan a servicios básicos y vulnera su derecho constitucional a la participación política mediante el registro electoral.
La sede diplomática suspendió sus actividades en agosto de 2024. Nicolás Maduro tomó esta medida tras expulsar a los embajadores de Argentina y otros seis países de la región. El dirigente reaccionó así ante las denuncias de fraude formuladas por esos gobiernos tras los comicios del 28 de julio de 2024. Desde entonces, el cierre afecta directamente la calidad de vida de los venezolanos residentes en territorio argentino.
Vulnerabilidad administrativa y derechos negados
Liset Luque, presidenta de la ONG Alianza por Venezuela, advirtió que el cierre prolongado deja en indefensión a más de 200.000 ciudadanos. La activista denunció que la ausencia consular niega derechos esenciales como la identidad y la documentación. Sin una oficina operativa, los venezolanos no pueden renovar pasaportes, gestionar partidas de nacimiento o legalizar antecedentes penales, quedando atrapados en limbos jurídicos.
La falta de documentos vigentes obstaculiza el acceso a la educación, la salud y el empleo formal en el exterior. Luque enfatizó que estos trámites permiten a las familias demostrar su identidad y regularizar su estatus migratorio. Esta parálisis administrativa ocurre en un contexto donde el sistema de justicia venezolano enfrenta duras críticas internacionales, especialmente tras casos como la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero, que evidencian la precariedad institucional.
Exigencia de un registro electoral sin fronteras
Por su parte, Iván León, representante de la Plataforma Unitaria en Argentina, denunció el bloqueo al registro electoral en el exterior. León recordó que la ley garantiza un proceso público y continuo, pero el cierre de la embajada anula esta posibilidad. Los manifestantes exigen mecanismos digitales y extraordinarios para actualizar datos, eliminando requisitos discriminatorios como la residencia permanente para poder ejercer el derecho al voto.
Maxroberth Graterol, coordinador de Juventud de Alianza por Venezuela, reiteró que migrar no significa perder la ciudadanía venezolana. El grupo solicitó procedimientos remotos para trámites notariales y la garantía plena del voto sin importar la condición migratoria. La diáspora en Buenos Aires asegura que mantendrá la presión internacional hasta lograr una identidad plena y una participación política sin fronteras durante este 2026.
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