A nueve años de la muerte de Juan Pablo Pernalete, sus padres exigen justicia al Ministerio Público para reabrir el caso y procesar a la cadena de mando responsable.
Los padres de Juan Pablo Pernalete acudieron este domingo al Ministerio Público para exigir formalmente la reapertura de la investigación sobre el asesinato de su hijo.
Al cumplirse nueve años del suceso ocurrido en Caracas, Elvira y José Gregorio Pernalete difundieron un video mediante la organización Provea. En este material, los familiares interpelan directamente al fiscal general para que retome las averiguaciones correspondientes.
La solicitud no busca únicamente esclarecer la muerte del joven estudiante, sino también abordar otros crímenes ejecutados durante las manifestaciones sociales del año 2017.
Los portavoces denunciaron que la mayoría de estos expedientes permanecen en un estado de parálisis judicial absoluta. El petitorio recalca la necesidad de procesar a los autores materiales y a toda la cadena de mando involucrada.
El Estado venezolano debe reconocer su responsabilidad institucional por los eventos violentos documentados en las calles del país. La familia sostiene con firmeza que el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho causó el fallecimiento del joven.
Justicia y memoria ante la impunidad del caso
La búsqueda de justicia enfrenta serios obstáculos debido a las versiones contradictorias que las autoridades ofrecieron durante los primeros años del proceso. Los familiares recordaron que el Estado intentó culpar a otros manifestantes antes de admitir la autoría de un funcionario militar.
Aunque la Fiscalía reconoció la responsabilidad de la Guardia Nacional en 2021, los avances reales en los tribunales resultan insuficientes. Actualmente, el sistema judicial solo mantiene a una persona detenida y procesada por este crimen de lesa humanidad.
Los padres de Pernalete instaron a la Defensoría del Pueblo a respaldar estas demandas para combatir la impunidad sistémica.
Esta petición representa también a la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017, organización que defiende la memoria histórica. Los voceros enfatizaron que estos delitos no prescriben según los estándares internacionales de la Corte Penal Internacional.
La sociedad civil exige garantías reales de no repetición para sanar las heridas sociales provocadas por la violencia estatal. Solo el castigo a los culpables permitirá construir un futuro basado en el respeto a los derechos humanos.
Con información de EFE
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