La Asamblea Nacional sancionó finalmente la Ley Orgánica de Minas tras semanas de postergaciones y debates a puerta cerrada. Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, celebró la aprobación del texto que ahora espera el aval del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, detrás del discurso de “modernización económica”, expertos y organizaciones ambientales advierten sobre un marco legal que profundiza el modelo extractivista en el sur de Venezuela.
El texto legal facilita la entrega de concesiones a empresas extranjeras, lo que muchos sectores califican como una “subasta de soberanía”. Aunque el gobierno promete ordenamiento, la opacidad administrativa persiste en las zonas de explotación. La ley parece diseñada para legitimar actividades que ya operan bajo estándares cuestionables de transparencia y respeto a los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
El costo ambiental bajo la lupa
La nueva normativa otorga al Ejecutivo facultades amplias para declarar zonas de explotación minera, a menudo sin consultas previas con las comunidades indígenas. Diversas ONG denuncian que la ley prioriza la obtención de divisas inmediatas sobre la preservación de ecosistemas vitales. El uso de mercurio y la deforestación descontrolada son realidades que el nuevo marco legal no aborda con la rigurosidad técnica necesaria.
La retórica oficial asegura que la ley protege el ambiente, pero los críticos señalan la falta de organismos de inspección independientes. Sin una vigilancia real, la minería a gran escala amenaza las cuencas hidrográficas que surten de energía y agua a gran parte del territorio nacional. La prioridad estatal parece centrarse en convertir el oro en una balsa de salvación para una economía bloqueada y con poca producción interna.
¿Seguridad jurídica o control político?
La ley establece un régimen de empresas mixtas donde el Estado retiene la mayoría accionaria, pero cede la operatividad a socios privados. Esta estructura genera dudas sobre quiénes serán los beneficiarios finales de estas alianzas. El historial de corrupción en el sector minero venezolano sugiere que, sin mecanismos de rendición de cuentas, la nueva ley podría favorecer a grupos de poder específicos vinculados al gobierno.
El diferimiento del debate en tres ocasiones evidenció las tensiones internas por el control de la renta minera. Al remitir la ley al TSJ, el oficialismo busca blindar el texto ante posibles impugnaciones futuras. Venezuela se encamina así a una etapa de explotación intensiva que, lejos de diversificar la economía, podría consolidar una dependencia peligrosa de los recursos no renovables bajo un esquema de poca transparencia.
Fuentes: Infobae, Transparencia Venezuela, SOS Orinoco, Efecto Cocuyo, Tal Cual.
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