YO ACUSO al gobierno venezolano de haber convertido la justicia en espectáculo.
Han pasado tres (3) años desde aquel momento en el cual, en medio de un despliegue mediático sin precedentes, en marzo de 2023, el hoy preso Nicolás Maduro anunció al país y al mundo que él mismo encabezaba “la mayor investigación anticorrupción de la historia de Venezuela”. Pero no fue una investigación, fue una exhibición.
Decenas de venezolanos fueron presentados ante la opinión pública como culpables antes de ser juzgados, vestidos con bragas anaranjadas, convertidos en trofeos de una narrativa oficial que ya estaba dictando sentencia.
Se les acusó, sin juicio, sin defensa, de haber robado 23 mil millones de dólares de PDVSA. Ese día, el PRINCIPIO CONSTITUCIONAL de la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA fue sepultado.
YO ACUSO al Estado de haber sustituido el debido proceso por el escarnio público. Por el show mediático. Por la condena irresponsable.
Durante los siguientes seis meses ininterrumpidos, la maquinaria mediática del gobierno repitió una y otra vez la misma cifra de 23 mil millones, la misma acusación, la misma condena anticipada. No se informaba: se construía culpabilidad.
Entre los detenidos hubo de todo: ministros, exministros, diputados, militares, funcionarios de nómina baja, empresarios y trabajadores tercerizados. Pero todos compartían una misma condición:
- Fueron detenidos sin orden judicial.
- Fueron privados de libertad sin debido proceso.
- Fueron incomunicados sin acceso a defensa de confianza.
YO ACUSO al impúdico sistema judicial venezolano de haber violado, de forma sistemática, el artículo 49 de la Constitución. En cualquier país donde la ley tenga valor, estos principios no son detalles: son la base de la justicia. Sin ellos, no hay verdad posible.
Pero en Venezuela ocurre lo contrario: primero se acusa, se condena y solo después, si conviene, se investiga. Han sido tres (3) años de atropello. Tres (3) años de persecución que no se limita a los detenidos, sino que se extiende a sus familias. Tres (3) años de miedo, silencio, opacidad y abuso. Tres (3) años de encarcelamiento injusto. Tres (3) años de SECUESTRO.
YO ACUSO al gobierno de sostener una narrativa sin pruebas visibles.
YO ACUSO al Gobierno por no responder estas preguntas elementales:
- ¿Dónde está el dinero que se robaron?
- ¿Cuánto se ha recuperado realmente?
- ¿En qué se ha invertido ese dinero recuperado?
- ¿Quiénes son, con nombre y apellido, los responsables debidamente comprobados?
- ¿Sobre qué pruebas se sostiene cada acusación?
YO ACUSO al engaño.
Muchos venezolanos creímos —o quisimos creer— que esta operación significaría justicia real. Que, por una vez, el poder alcanzaría a los responsables sin importar su cercanía política.
Pero no fue así. Lo que el tiempo ha demostrado es otra cosa: un proceso opaco, sin juicio, sin transparencia, sin garantías. Un mecanismo que encarcela sin distinguir entre culpables e inocentes, porque nunca ha permitido establecer esa diferencia.
Y es entonces cuando surge la pregunta central:
¿Por qué, después de tres (3) años, no hay un juicio?
¿Por qué no se ha permitido un proceso público, transparente, con garantías, donde cada acusado pueda defenderse ante un juez independiente?
YO ACUSO al poder de temerle a la verdad.
Porque la única forma de saber quién es culpable y quién es inocente es un juicio justo. Y cuando ese juicio no ocurre, como hasta ahora, la duda deja de ser jurídica… y se vuelve duda política.
YO ACUSO a la presidenta transaccional Delcy Rodríguez y a su ministro Diosdado Cabello de sostener un silencio que no explica, sino que encubre. Silencio que los hace sospechosos o cómplices. Silencio que evidencia su interés en que la verdad no aflore.
¿A quién o a quiénes protege este retraso?
¿A quién incomoda un juicio transparente?
¿Quiénes están libres siendo culpables y quiénes permanecen presos siendo inocentes en las mazmorras de El Helicoide?
Todo indica que este caso no está “congelado” por incapacidad, sino por conveniencia.
YO ACUSO al oprobioso aparato judicial de actuar como instrumento del poder y no como garante de justicia.
Y señalo una contradicción que no puede ignorarse:
El actual fiscal interino y aspirante a continuar en ese cargo, señor Devoe, conoce perfectamente este caso —ya que este formó parte de la junta interventora de la SUNACRIP desde el primer día cuando inició esta macabra historieta— ¿guardará silencio o actuará con dignidad?
¿Podrá investigar con independencia o solo cumplirá las órdenes “de arriba”?
¿Puede haber objetividad donde hay vínculos previos?
¿Puede haber justicia donde hay conflicto de intereses? ¿Enderezará el desastre de su diabólico antecesor Tarek William Saab o lo convalidará?
YO ACUSO la inacción y, de nuevo, ese silencio.
Porque cuando quienes deben esclarecer no hablan, el sistema deja de ser opaco… y pasa a ser parte del delito.
Esto apenas comienza. Mientras no haya juicio, no habrá verdad.
“No escribo para agradar al poder, sino para que la verdad no muera en silencio.”
Por: Émile Zola
E-mail: SoyEmileZola@gmail.com
Continuará…
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