En enero de 2026, Venezuela ha aprobado en primera discusión una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, un movimiento destinado a revitalizar la industria petrolera del país mediante la atracción de inversiones extranjeras. Sin embargo, pese a estos cambios, empresarios y expertos del sector, particularmente de Estados Unidos, consideran que las modificaciones son un paso en la dirección correcta pero insuficientes para generar la confianza necesaria y fomentar inversiones masivas. Esta percepción surge en un contexto de transición política, con Delcy Rodríguez como presidenta interina, y presiones diplomáticas de Estados Unidos para abrir el mercado petrolero venezolano.
Los Principales Cambios en la Reforma Actual
La reforma introduce varios ajustes clave para hacer más atractivo el sector a inversionistas privados. Entre ellos se destacan:
Reducción de regalías e impuestos: Las regalías se bajan del 30% a un máximo del 20% en contratos privados y al 15% en empresas mixtas, si el proyecto no es viable económicamente. Asimismo, los impuestos de extracción se reducen a hasta el 20% en privados y 15% en mixtos.
Mayor autonomía para empresas privadas: Se permite a compañías privadas venezolanas participar en actividades primarias como exploración, extracción y transporte, mediante contratos con filiales estatales. Además, los socios minoritarios pueden comercializar directamente la producción y gestionar cuentas bancarias.
Incorporación de modelos contractuales flexibles: Se formalizan contratos de producción compartida, inspirados en el “modelo Chevron”, donde las empresas asumen riesgos y financiamiento, operan independientemente y reciben proceeds directos de las ventas, incluso como socios minoritarios de PDVSA.
Mecanismos de resolución de disputas: Se introduce arbitraje independiente y mediación para resolver controversias, aunque sin especificar si incluye arbitraje internacional.
Simplificación administrativa: El Ejecutivo puede notificar en lugar de obtener aprobación de la Asamblea Nacional para empresas mixtas, y se derogan parcialmente leyes previas que limitaban la participación privada.
Estos cambios buscan actualizar el marco legal para garantizar inversiones, con proyecciones de 1.400 millones de dólares en 2026, tras los 900 millones del año anterior.
La producción petrolera ha alcanzado 1,2 millones de barriles diarios en 2025, la mejor en siete años, pero el sector aún enfrenta deterioro infraestructural y deudas altas en PDVSA.
Por qué los empresarios petroleros consideran la Reforma insuficiente
A pesar de estos avances, la reforma ha sido criticada por su opacidad en el proceso de discusión, ambigüedades en procedimientos contractuales y la persistencia de un alto grado de discrecionalidad por parte del Ejecutivo.
Expertos como José Ignacio Hernández, exprocurador especial, destacan la falta de transparencia: “El hecho de que se esté discutiendo un proyecto sin que se conozca de antemano su contenido ya denota una falla grave de transparencia”.
Además, no resuelve problemas estructurales como la deuda de PDVSA, el deterioro de campos petroleros (solo 3.200 de 12.000 pozos operativos en la Faja del Orinoco) y la necesidad de inversiones en sectores complementarios como electricidad y transporte.
El Estado mantiene la mayoría accionaria en empresas mixtas, lo que limita la participación privada y no cambia la filosofía de control estatal heredada de la era Chávez-Maduro.
Giorgio Cunto, analista, advierte: “Son enmiendas para facilitar la acción de las empresas petroleras que operan aquí, pero no cambia la filosofía del Estado venezolano […] no atrae a los grandes”.
La reforma también choca con la Constitución, que reserva las actividades petroleras al Estado, y no elimina por completo leyes previas que generan confusión.
Las expectativas de los petroleros estadounidenses
Las empresas petroleras estadounidenses, como Exxon Mobil y Chevron, han expresado interés en regresar, pero exigen reformas más profundas para mitigar riesgos derivados de nacionalizaciones pasadas, sanciones y políticas predatorias.
Darren Woods, CEO de Exxon, ha enfatizado la necesidad de “protecciones duraderas para la inversión” y “cambios estructurales”, afirmando que sin ellos “no era viable invertir en Venezuela”.
Entre las reformas esperadas se incluyen:
Seguridad jurídica y derechos contractuales claros: Reglas estables, predecibles y garantizadas por tribunales independientes, para evitar expropiaciones.
Arbitraje internacional: Inclusión explícita de mecanismos como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), actualmente prohibidos.
Mayor apertura privada: Permitir hasta el 100% de acciones privadas en empresas mixtas, eliminando el requisito de mayoría de PDVSA.
Reducción adicional de cargas impositivas: Para hacer competitivos los proyectos a largo plazo.
Restablecimiento del Estado de derecho: Controles sobre la discrecionalidad gubernamental, reconstrucción institucional y consulta amplia para una nueva ley integral.
Levantamiento completo de sanciones: Aunque hay avances diplomáticos con la administración Trump, las empresas buscan garantías de flujos comerciales estables hacia EE.UU. y Europa.
Perspectivas Futuras
Con la producción petrolera en ascenso y proyecciones optimistas, Venezuela busca un aumento del 18% en 2026 gracias a estas reformas.
No obstante, sin cambios más profundos, las inversiones podrían limitarse a proyectos inmediatos, dejando de lado la recuperación plena de una industria que alguna vez fue líder mundial. El diálogo entre Caracas y Washington, junto con la aprobación final de la reforma, será clave para determinar si los petroleros estadounidenses se atreven a regresar.
Por
Por
Por
