La Paz, 15 de enero de 2026 — En un nuevo capítulo de las tensiones entre Bolivia y la izquierda iberoamericana, la Fiscalía General del Estado boliviano ha anunciado la reapertura y ampliación de una investigación penal contra el partido español Podemos y varios de sus dirigentes históricos, por presuntos delitos de financiamiento ilegal, recepción de fondos irregulares y complicidad en el sostenimiento de regímenes autoritarios en América Latina durante la década pasada.
La medida, confirmada por fuentes judiciales bolivianas este 14 de enero, retoma y actualiza las pesquisas iniciadas en 2019-2020 tras la caída del gobierno de Evo Morales, incorporando nuevos elementos surgidos de investigaciones paralelas en Venezuela, Brasil y otros países de la región.
Antecedentes: La trama Neurona y los pagos del MAS
La investigación original se centró en los contratos millonarios otorgados por el gobierno de Evo Morales (2006-2019) a la consultora mexicana Neurona Consulting, estrechamente vinculada a fundadores de Podemos. Entre 2017 y 2018, el Estado boliviano pagó al menos 1,3 millones de euros (algunas fuentes hablan de hasta 3 millones) por supuestos servicios de comunicación digital y producción de contenidos que, según la Contraloría General boliviana, presentaban graves irregularidades: adjudicaciones directas (“a dedo”), sobreprecios y falta de justificación técnica.
La Fiscalía boliviana identificó entonces posibles delitos como:
- Malversación de caudales públicos
- Uso indebido de influencias
- Negociaciones incompatibles
- Conducta antieconómica
- Falsedad ideológica
Estos fondos habrían beneficiado indirectamente a estructuras políticas afines al Socialismo del Siglo XXI, entre ellas el partido fundado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. En enero de 2020, el gobierno interino de Jeanine Áñez coordinó acciones con representantes de Vox y solicitó la citación como testigos de Iglesias, Monedero, Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón.
La reapertura en 2026: Nuevos indicios y conexión regional
Tras años de letargo judicial (muchas líneas se archivaron en España por falta de pruebas concluyentes), la Fiscalía boliviana decidió reactivar el caso en el contexto de:La crisis política venezolana y la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026
Declaraciones recientes de exfuncionarios del chavismo y del MAS que mencionan redes de financiamiento transnacional
Informes que vinculan fondos petroleros venezolanos, recursos bolivianos y presunto dinero del narcotráfico para sostener campañas y estructuras políticas de izquierda en España, Argentina, Brasil y otros países
La acusación más grave que se maneja ahora es la complicidad activa de sectores de Podemos en el mantenimiento y legitimación internacional de regímenes calificados como dictatoriales o autoritarios por organismos como la OEA y diversos gobiernos occidentales. Entre las conductas investigadas figuran:
- Asesorías políticas y campañas de imagen pagadas con fondos públicos cuestionados
- Apoyo diplomático y mediático a gobiernos como los de Maduro y Morales en foros internacionales
- Posible triangulación de recursos a través de consultoras y fundaciones afines
Reacciones en España y Bolivia
Desde Podemos, la respuesta ha sido inmediata y categórica: califican la reapertura como una “operación política de venganza” orquestada por la derecha boliviana y sectores de la ultraderecha española, recordando que múltiples causas similares en España (incluyendo la macrocausa de financiación irregular) terminaron archivadas por falta de indicios sólidos.
Por su parte, el actual gobierno boliviano —en medio de su propia crisis económica y política rumbo a las elecciones de 2026— presenta el caso como una “deuda histórica de justicia” con el pueblo boliviano, al que supuestamente se le habrían sustraído recursos para financiar agendas políticas extranjeras.
Expertos en derecho internacional coinciden en que la viabilidad penal de la investigación enfrenta obstáculos importantes: la prescripción de algunos delitos, la dificultad para probar el nexo causal directo entre los fondos y actividades políticas en España, y la necesidad de cooperación judicial internacional que, en el actual contexto geopolítico, resulta compleja.
Por ahora, el caso reaviva un debate que parecía cerrado: ¿fue el bolivarianismo de la década de 2010 solo una alianza ideológica, o existió una red de financiamiento irregular que cruzó océanos? La respuesta, seis años después del escándalo inicial, sigue pendiente de la justicia boliviana y, posiblemente, de nuevos testimonios que surjan en el convulso 2026 latinoamericano.
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