María Alejandra Díaz, abogada disidente del chavismo, permanece refugiada desde enero de 2025 en la Embajada de Colombia en Caracas, tras denunciar persecución. La jurista exigió al gobierno venezolano un salvoconducto para salir del país, pero las autoridades lo negaron, generando tensión diplomática. Díaz, quien cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales de julio de 2024, lideró un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir las actas de votación. El TSJ rechazó la solicitud, la sancionó con una multa y suspendió su ejercicio profesional. Desde entonces, enfrenta hostigamiento y amenazas, según reportó El Tiempo.
La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, denunció que el caso de Díaz refleja un patrón de intimidación contra abogados defensores de derechos humanos. Marino Alvarado, de Provea, respaldó el derecho de Díaz al asilo, destacando la persecución política en Venezuela. La abogada, con trayectoria en el chavismo, rompió con el oficialismo tras cuestionar la transparencia electoral.
Persecución a disidentes del chavismo
Díaz, junto a figuras como Juan Barreto, denunció hostigamiento estatal tras exigir claridad en los resultados electorales. El TSJ la acusó de alterar la estabilidad institucional. La negativa del salvoconducto agrava su situación, manteniéndola en un limbo jurídico dentro de la embajada.
Llamado internacional por asilo
La ONU y Provea instan a respetar el derecho al asilo de Díaz. Satterthwaite señaló que las sanciones contra la abogada carecen de base legal. La comunidad internacional observa con preocupación este caso, que evidencia la represión a voces disidentes en Venezuela.
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