La justicia argentina formalizó el jueves una acusación contra el expresidente Alberto Fernández por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para el sector público durante su mandato (2019-2023).
La acusación señala que estas operaciones habrían implicado el pago de comisiones millonarias, ocasionando un daño a las finanzas públicas. La decisión, tomada por el juez federal Sebastián Casanello, no contempla prisión preventiva y se basa en evidencias que implican al ex mandatario en favorecer a personas de su entorno cercano como intermediarios en los negocios de seguros.
Un caso que revela posibles delitos de corrupción y favorecimiento
El proceso judicial contra Fernández constituye su segunda imputación formal y la primera relacionada con un hecho de corrupción. En abril pasado, un tribunal de segunda instancia ratificó el procesamiento del expresidente en un expediente que involucra a su exesposa y madre de su hijo menor, Fabiola Yañez, por violencia de género.
En este nuevo caso, el delito atribuido a Fernández es “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, una figura penal que puede conllevar penas de uno a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua, según el código penal argentino.
El magistrado Casanello ordenó además congelar bienes del exmandatario por aproximadamente 11 millones de dólares. La acusación se fundamenta en un decreto de diciembre de 2021, que obligaba al sector público a contratar seguros únicamente con Nación Seguros S.A., una aseguradora en la que participaba su amigo Alberto Pagliano.
La investigación revela que intermediarios como Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, pareja de la entonces secretaria de Fernández, se beneficiaron con aproximadamente el 60% de las comisiones pagadas por la aseguradora estatal, que totalizaron más de 1,7 millones de dólares en ingresos durante 2020-2023.
Además, 33 personas, entre ellas Martínez Sosa y exmiembros del directorio de Nación Seguros, enfrentan procesos paralelos en este expediente.
Por otro lado, Fernández se encuentra a punto de ser juzgado por delitos de amenazas y lesiones contra Yañez, en un proceso que cubre también su período como presidente. La situación judicial del exmandatario sigue en desarrollo, en medio de una serie de investigaciones que buscan esclarecer posibles hechos de corrupción y abuso de poder en su gestión.
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