Francisco Rodríguez | Suspensión de Chevron da duro golpe

Caracas, 7 de junio de 2025 – En un nuevo episodio de Agenda Común, Vanessa Davies y José Gregorio Yépes, desde la plataforma Punto de Corte y en alianza con Doble Vía, abordaron la crisis venezolana con un enfoque humano y crítico. Invitaron al economista y experto petrolero Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver, para desentrañar el complejo conflicto entre Chevron, el gobierno venezolano y las sanciones de Estados Unidos. La verdad es que el panorama no es sencillo, pero la conversación dejó claro que las decisiones en el tablero internacional afectan directamente la vida de los venezolanos.

La reducción de las operaciones al mínimo de Chevron en el país implican la reducción de los ingresos fiscales lo que complica el desempeño de la economía venezolana.

El economista Francisco Rodríguez indica que el Gobierno tiene dificultades para compensar esta caída de los recursos de la actividad petrolera porque se verá de obligada a vender a descuentos importantes esa producción que colocaba Chevron. Todo esto aparte de los problemas que viene presentando el mercado cambiario que perdió el principal oferente de divisas.

Sin embargo, el profesor de la Universidad de Denver acota que existe la posibilidad en el mediano que esto pueda cambiar, ya que la decisión fue tomada en el marco de una coyuntura interna de la política estadounidense en la que la Administración Trump requería el apoyo de Florida para la discusión de una Ley propuesta por el Ejecutivo.

Rodríguez, con su tono pausado pero firme, explicó cómo las sanciones económicas impuestas por la administración Trump desde 2017 transformaron el escenario petrolero venezolano. A diferencia de sanciones individuales de la Unión Europea o la era Obama, estas medidas bloquearon la venta de crudo a Estados Unidos, principal comprador histórico. “Es como si te quitaran el oxígeno de repente”, ilustró. Y es que el petróleo representa más del 90% de las exportaciones venezolanas. Sin ese ingreso, la economía sufre, los bolsillos se aprietan y el gobierno recurre a medidas desesperadas, como subir impuestos.

Sanciones y el impacto en la economía venezolana

Las sanciones, según Francisco Rodríguez, forman parte de una estrategia de “máxima presión” que busca debilitar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, esta táctica tiene un costo alto para los venezolanos. La suspensión de la licencia 41 de Chevron, que permitía operaciones limitadas, redujo los ingresos petroleros entre 1.000 y 1.500 millones de dólares al año. “No es que Chevron dejó de producir de la noche a la mañana”, aclaró el experto. Empresas mixtas como Petro Piar, donde PDVSA es accionista mayoritario, siguen operando, pero con descuentos y menos eficiencia. Esto se traduce en menos divisas, un tipo de cambio disparado y una economía que se tambalea.

Además, el gobierno, sin acceso a financiamiento internacional, enfrenta un dilema: o imprime más dinero, desatando inflación, o recorta gastos, afectando servicios públicos y salarios. “Es como si a una familia le cortan el sueldo a la mitad y no tiene ahorros ni quién le preste”, comparó Rodríguez. La presión recae en los ciudadanos, que enfrentan precios más altos y menos poder adquisitivo. La pregunta que flota en el aire es: ¿hasta cuándo podrá resistir el país este embate?

Chevron y el juego político internacional

El caso Chevron no es solo económico, sino profundamente político. Rodríguez destacó que la decisión de suspender la licencia 41 no fue un capricho, sino una jugada táctica dentro de la administración Trump. “Hubo presión de legisladores de Florida, como Marco Rubio, para quienes el tema Venezuela es clave para sus electores”, explicó. Sin embargo, también señaló que existen voces dentro del gobierno estadounidense, como la de Richard Grenell, que abogan por negociar con Maduro. Este tira y afloja refleja un conflicto interno que podría abrir la puerta a nuevas flexibilizaciones.

Y es que la política de sanciones no es estática. Entre 2019 y 2022, Chevron operó bajo una licencia limitada, y aunque la actual no se publica, sigue existiendo. “Es una estrategia de mantener las cosas en bajo perfil”, dijo Rodríguez, sugiriendo que la administración Trump podría ajustar su postura sin hacer ruido. La posibilidad de que Chevron retome operaciones plenas depende de negociaciones políticas, tanto en Washington como en Caracas, donde la oposición y el gobierno siguen enfrentados.

Nuevos actores en el horizonte petrolero

Ante la salida parcial de Chevron, el gobierno venezolano busca alternativas. Bloomberg reportó que PDVSA firmó contratos con empresas poco conocidas, como North American Blue Energy Partner y China Concord Resource, para reactivar pozos inactivos, especialmente en el lago de Maracaibo. Rodríguez fue cauto: “Es natural que los países sancionados busquen nuevos socios, pero estas empresas no tienen el músculo de Chevron”. La historia venezolana, llena de proyectos fallidos, genera escepticismo. Sin embargo, países como Irán han demostrado que adaptarse a sanciones es posible, vendiendo petróleo a mercados como China e India.

La verdad es que este “ecosistema de sancionados” –que ya representa un tercio de la economía mundial– cambia las reglas del juego. Venezuela podría encontrar oxígeno en socios no tradicionales, pero a costa de descuentos y menor eficiencia. “No es una solución mágica”, advirtió Rodríguez. La producción podría caer un 20-25%, afectando aún más los ingresos. La esperanza está en que estas nuevas alianzas mitiguen el impacto, aunque el camino luce lleno de baches.

Hacia una agenda común para la reconstrucción

Rodríguez cerró con un mensaje esperanzador, aunque realista. En su libro El colapso de Venezuela: Políticas de tierra arrasada y declive económico, describe cómo el conflicto político ha convertido a la economía en un campo de batalla. Tanto el gobierno como la oposición han priorizado el poder sobre el bienestar. “Es como si dos hermanos pelearan por la casa y la quemaran en el proceso”, ilustró. La solución, cree, pasa por una negociación liderada por la sociedad civil, no por políticos.

Construir una agenda común requiere acuerdos que prioricen la reconstrucción institucional. “Necesitamos un sistema donde perder elecciones no sea una amenaza existencial”, afirmó. Esto implica garantías para todos los actores y un enfoque en la convivencia. La sociedad civil, desde empresarios hasta ciudadanos de a pie, debe tomar la batuta. Solo así, Venezuela podrá salir del ciclo de sanciones, conflictos y crisis.