Las sanciones petroleras prohíben a las empresas estadounidenses extraer y comercializar el petróleo venezolano, así como la compra de insumos y diluentes para mejorar y refinar los crudos nacionales.
Para evadir las sanciones petroleras, el gobierno venezolano recurre a transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a exportar el petróleo venezolano, y les acepta elevados sobreprecios en los fletes para que transporten el crudo venezolano a los mercados asiáticos.
Las sanciones financieras bloquean e inmovilizan depósitos de la República; los tenedores privados de bonos de Pdvsa y la República no los pueden negociar ni transferir; bancos estadounidenses han cerrado unilateralmente las cuentas de empresas, organizaciones y personas venezolanas, lo cual impide recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras.
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Las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o extranjera con operaciones en territorio de EEUU- realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas del gobierno venezolano.
Pdvsa, Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido sus tradicionales proveedores estadounidenses. Así se han roto las redes de suministro y cadenas de valor internacional en las que Venezuela estaba incorporada.
Ciudadanos estadounidenses ni siquiera pueden comprar un boleto de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno venezolano.
La justicia estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean descubiertos corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados.
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Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública venezolana, los proveedores internacionales prefieren no correr el riesgo y rompen unilateralmente sus relaciones económicas y comerciales con Venezuela.
Pero después de varios años de sanciones financieras, comerciales y petroleras, los hechos indican que estas medidas no funcionaron para forzar el cambio en el mando político con el que justificaron su aplicación.
Por el contrario, la sobreaplicación de las sanciones ha causado graves daños colaterales a las familias, empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, agravando aún más las precarias condiciones de vida de los sectores más empobrecidos y vulnerables de Venezuela.
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Víctor Álvarez es economista. Premio Nacional de Ciencias / Articulista de opinión
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