
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, fue liberado la madrugada del 16 de enero tras una semana de detención arbitraria. Su liberación se produjo luego de una intensa campaña a nivel nacional e internacional que exigió su puesta en libertad inmediata.
Correa detenido el 7 de enero en Caracas por funcionarios encapuchados que lo interceptaron en la vía pública sin presentar orden judicial alguna. Durante su detención, el defensor de derechos humanos fue sometido a desaparición forzada, negándole el acceso a sus familiares y a un abogado.
A pesar de que su esposa, Sara Mabel Calderín, presentó un habeas corpus ante el Palacio de Justicia, las autoridades judiciales no actuaron con celeridad para garantizar el cumplimiento de este recurso legal. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, encargada de proteger los derechos humanos, tampoco intervino en el caso.
De acuerdo con el diario La Patilla, el 9 de enero, presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, sin que se presentaran pruebas concretas que respaldaran esta acusación. Además, se le negó el derecho a comunicarse con un abogado de su elección.
La detención arbitraria y la posterior liberación del periodista Carlos Correa ponen de manifiesto la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Este caso ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, quienes han denunciado la persecución política y la violación de los derechos fundamentales en el país.
La liberación de Correa es un paso importante, pero no es suficiente. Es necesario que el gobierno venezolano ponga fin a las detenciones arbitrarias, garantice la independencia del Poder Judicial y respete los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
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