
Hechos evidencian un patrón de hostigamiento y persecución contra los periodistas
El ejercicio del periodismo en Venezuela se ha vuelto cada vez más peligroso, como lo demuestran los numerosos ataques y detenciones ocurridas días antes de la “juramentación” de Nicolás Maduro.
Según un informe de Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), durante los días 7 al 10 de enero se registraron al menos 25 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones físicas y robos de equipos.
Periodistas de diferentes estados del país fueron víctimas de estos ataques
En Maracaibo, por ejemplo, Edinson Castro, profesor universitario y periodista, detenido por la Policía Nacional Bolivariana mientras cubría una protesta y en horas de la noche, se conoció sobre su excarcelación. De igual manera, Leandro Palmar y Salvador Cubillán, ambos trabajadores de LUZ Radio, arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, están recluidos en el Destacamento 111 de la GNB, y sus familias se enteraron de la detención el 10 de enero.
En Caracas, el periodista Julio Balza, de Comando con Vzla, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Otros periodistas, como Felipe López, Joanna Barboza y Reynaldo Campins, sufrieron agresiones físicas y robos de equipos mientras cubrían las manifestaciones.
Mientras que, el periodista Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, se encuentra desaparecido desde el 7 de enero de 2025, tras ser interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios de seguridad encapuchados.
Estos hechos evidencian un patrón de hostigamiento y persecución contra los periodistas que buscan informar sobre la situación política en Venezuela.
De acuerdo con, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), en 2024, se constató 94 casos que comprendieron 120 violaciones contra las libertades informativas, relacionados con coberturas del tema electoral o de las manifestaciones ciudadanas desarrolladas en el país.
En este sentido, la escalada de la violencia contra los periodistas ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional y en las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estos ataques no solo afectan a los periodistas, sino que también limitan el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna.
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