
La Fiscalía General de Perú anunció una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones.
También investiga a Boluarte por las muertes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y por el caso ‘Rolexgate’.
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar a Boluarte por la presunta comisión del delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales.
Esto por haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso una cirugía a la que se sometió en 2023.
Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta al Consejo de Ministros y al Congreso de la República.
Del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida.
Este martes, el ex primer ministro Alberto Otárola, que ocupaba el cargo en ese lapso de tiempo, declaró en una comisión del Congreso que la presidenta se sometió a una cirugía.
Otárola explicó que la mandataria se realizó la intervención por un problema respiratorio y que, tras el proceso postoperatorio.
No se produjo, desde su punto de vista, ningún vacío de poder, ya que siempre mantenían comunicación telefónica con la presidenta.
Del mismo modo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que la mandataria abandonara su puesto.
Boluarte no tiene vicepresidentes porque ejercía ese cargo cuando Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, el 7 de diciembre de 2022.
Esto llevó a que asumiera la jefatura del Estado por sucesión constitucional.
Investigaciones
La Fiscalía tiene varias investigaciones contra Boluarte por casos como las muertes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023
También por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en el denominado ‘Rolexgate’, tras haber lucido relojes y joyas de lujo sin haberlas declarado.
Además, el Ministerio Público investiga un caso de corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando aún era ministra.
El supuesto uso de su vehículo oficial en la fuga de su exlíder, el político Vladimir Cerrón, y también el haber desactivado un equipo policial especial anticorrupción que investigaba a su hermano
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