En una votación significativa, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy la Ley Bolívar, una legislación destinada a cortar el flujo financiero de Nicolás Maduro en Venezuela.
La ley fue presentada por el congresista republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos representantes del estado de Florida.
El objetivo principal de la Ley
La Ley Bolívar busca restringir las operaciones comerciales con el grupo madurista que controla la institucionalidad del Estado, prohibiendo al gobierno estadounidense contratar con empresas o individuos que mantengan relaciones comerciales con Maduro o cualquier sucesor no reconocido por EE. UU.
Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del Congreso para apoyar a los activistas venezolanos que luchan por la democracia y los derechos humanos.
“Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores”, afirmó el congresista Waltz en un comunicado tras la aprobación de la ley.
La Ley Bolívar ahora se dirige al Senado, donde se anticipa un respaldo bipartidista significativo, lo que aumenta las posibilidades de su rápida aprobación.
Este desarrollo sugiere que la administración del presidente electo Donald Trump está lista para retomar una estrategia de “máxima presión” contra el grupo madurista, continuando así con las políticas implementadas durante su anterior mandato.
Venezuela rechaza la aprobación de la Ley Bolívar
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, emitió un comunicado en el que señala que esta legislación representa una franca violación a la Carta de las Naciones Unidas y se suma a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano.
El escueto comunicado afirma que estas acciones son impulsadas por “la derecha fascista de los grandes apellidos” en EE. UU., y subrayó que este nuevo ataque está destinado al fracaso, al igual que las anteriores “ridículas aventuras políticas”, incluido el apoyo a Juan Guaidó en 2019.
“Este instrumento busca impedir el relacionamiento y la cooperación económica entre Venezuela y Estados Unidos, lo cual es inaceptable”, enfatiza el comunicado.
La Cancillería venezolana, paradójicamente, hizo un llamado a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, especialmente en América Latina y el Caribe, para que condenen este acto ilegal y violatorio de la soberanía nacional.
Comunicado completo
Implicaciones
La aprobación de esta Ley busca desmantelar el apoyo financiero al grupo de Maduro y reafirma el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
La comunidad internacional observa atentamente estos desarrollos mientras los líderes estadounidenses buscan formas efectivas de apoyar al pueblo venezolano en su lucha por un futuro mejor.
Esta medida también tendrá implicaciones en la economía de un país dependiente del comercio de hidrocarburos en donde EEUU es un comprador importante.
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