La producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles sin precedentes en más de dos décadas, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En 2023, el área cultivada con hoja de coca se incrementó un 10% respecto al año anterior, sumando 253.000 hectáreas, y la producción potencial de cocaína ascendió a 2.664 toneladas métricas, un salto del 53% en comparación con 2022.
Este aumento se atribuye principalmente a la expansión de los cultivos en los departamentos de Cauca y Nariño, en el suroeste del país, donde la presencia de guerrillas y bandas criminales es significativa. A pesar de los esfuerzos de décadas por erradicar el narcotráfico, Colombia mantiene su posición como uno de los principales productores mundiales de cocaína, bajo constante presión de Estados Unidos para reducir estas cifras.
Política de Petro sobre el consumo de cocaina y el cultivo de coca
El presidente Gustavo Petro, en un giro hacia un enfoque más humanitario, ha propuesto tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública en lugar de una batalla militar. Su administración ha promovido la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con apoyo social, disminuyendo la erradicación forzada y eliminando el uso de glifosato para fumigaciones aéreas.
A pesar de estas políticas, en 2023 las fuerzas de seguridad colombianas incautaron un récord de 739,6 toneladas de cocaína, reflejando la persistencia del tráfico a gran escala. Este comercio ilícito no solo alimenta el conflicto armado interno, que ha dejado más de 450.000 muertos, sino que también financia a los grupos ilegales que controlan las rutas de producción y distribución, aprovechando la estratégica ubicación geográfica del país entre dos océanos.
La UNODC destaca que, aunque en otras regiones de Colombia el cultivo de coca ha mostrado estabilidad, el aumento en las zonas de mayor conflicto sugiere que la violencia y el control territorial siguen vinculados estrechamente con el negocio de las drogas.
Este reporte no solo pone en evidencia el desafío que representa el narcotráfico para Colombia, sino que también subraya la necesidad de estrategias más efectivas y sostenibles para abordar esta problemática, que trasciende lo local y afecta la seguridad internacional.
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