La Misión de la ONU en Venezuela ha denunciado al menos 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas contra el fraude electoral. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, exige que estas muertes sean investigadas exhaustivamente. Además pide que los responsables rindan cuentas si se confirma un uso abusivo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados con su connivencia.
Además, la Misión del ONU ha denunciado que el fiscal general del régimen calificó de manera indiscriminada como “terroristas” a las más de 2.200 personas detenidas, denunciando las detenciones arbitrarias y las violaciones al debido proceso que dejan a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia.
ONU denuncia juicios sumarios
Entre los elementos comunes en estas detenciones se encuentran audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
La experta de la Misión, Patricia Tappatá, ha exigido la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente de inmediato y que las autoridades respeten de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares.
La Misión ha recibido información preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas, y sin la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales. El experto de la Misión, Francisco Cox, reclama la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes que detuvieron los traten con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior.
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