El gobierno de Nicolás Maduro expresó su desacuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) el viernes, luego de que la CPI desestimara sus argumentos contra la reanudación de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, crímenes que según el régimen “nunca han ocurrido”.
En un comunicado oficial, el gobierno afirmó que el proceso ante la CPI busca politizar los mecanismos de justicia penal internacional. Caracas insiste en que los delitos investigados son abordados por las autoridades judiciales venezolanas. Por lo que considera que no es necesario que la Fiscalía de la CPI realice investigaciones adicionales, ya que esto perjudicaría la credibilidad del organismo internacional.
El comunicado también destaca la disposición de Venezuela para investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio, reafirmando su compromiso con la verdad y su rechazo a la politización de la justicia penal internacional.
La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó unánimemente los argumentos presentados por el Gobierno venezolano, que había negado la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país y había solicitado poner fin al proceso en la corte internacional. La CPI autorizó al fiscal Karim Khan a continuar con las investigaciones como parte del caso abierto en noviembre de 2021, señalando periodos de inactividad inexplicables en los procesos penales en Venezuela.
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