El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reiteró sus acusaciones contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, señalándola como una presunta “espía” que proporcionaba datos de la Fuerza Armada venezolana a cuatro embajadas extranjeras y una empresa petrolera.
Durante una conferencia de prensa, Saab afirmó que San Miguel habría utilizado relaciones públicas con miembros militares para planificar acciones en contra de la soberanía nacional.
En el allanamiento a la residencia de Rocío San Miguel, se incautaron 18 mapas que el fiscal presentó como evidencia de presuntas labores de inteligencia realizadas por la activista. Saab destacó la demarcación de instalaciones militares y zonas de seguridad en dichos mapas, sugiriendo un trabajo de inteligencia continuo.
Además, se encontraron listados y perfiles de mandos militares, así como comunicaciones que implicarían un acceso a información detallada del personal militar.
El fiscal chavista cuestionó la posesión de esta información por parte de una activista de derechos humanos, sugiriendo que correspondería más al perfil de un agente. Saab también mencionó que San Miguel habría entregado datos sensibles a embajadores europeos sobre el fortalecimiento de sistemas de defensa antiaérea del país, calificando este tipo de intercambio como inapropiado y potencialmente perjudicial para la seguridad nacional.
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