El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abordó la reciente decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela y exigir la salida de sus 13 funcionarios en un plazo de 72 horas. Durante una conferencia de prensa, Lula declaró no tener información detallada sobre la situación en el país vecino.
La suspensión de las operaciones de la oficina de derechos humanos surge en medio de inquietudes por presuntas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, acusada de estar involucrada en un supuesto complot contra Maduro.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresó su pesar por la decisión y afirmó que están evaluando los próximos pasos, reiterando el compromiso de la agencia con la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela.
La situación de San Miguel, calificada como desaparición forzada, ha generado preocupación a nivel internacional, y se enfatiza la importancia de respetar los principios de debido proceso y el derecho a la defensa.
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