La tensión se palpa en el aire mientras la Corte Penal Internacional (CPI) se prepara para dictar sentencia, el próximo 1 de marzo. Esta será sobre la apelación presentada por el régimen de Nicolás Maduro contra la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La decisión de la Sala de Apelaciones, que se dará a conocer a las 15:00 horas local en una audiencia pública en La Haya, tendrá un impacto significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas venezolanas y en la lucha contra la impunidad a nivel internacional.
Un largo camino hacia la justicia en la CPI:
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI abrió una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras una remisión presentada por seis países: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Obstáculos y controversias:
Sin embargo, en abril de 2022, la investigación se suspendió temporalmente debido a una solicitud de inhibición por parte del régimen de Maduro, que argumentaba que ya se estaban realizando investigaciones nacionales.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación, alegando que las actuaciones nacionales no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos bajo investigación en La Haya.
El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó la reanudación de la investigación, lo que llevó al régimen de Maduro a presentar una apelación el 3 de julio de 2023.
Argumentos en disputa:
Durante la audiencia pública celebrada el 7 y 8 de noviembre de 2023, la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Víctimas refutaron los argumentos del régimen. “La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”, afirmó Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
La decisión de la Sala de Apelaciones será crucial para determinar el futuro de la investigación y la posibilidad de que se haga justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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