El Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) se pronuncia ante el desarrollo del referéndum consultivo a realizarse este 3 de diciembre de 2023 por parte del gobierno de Maduro, donde pretende trasladar la responsabilidad de la defensa de la soberanía a una consulta que algunos consideran inconstitucional ya que genera una aparente crisis que está zanjada claramente en el articulado de la Constitución.
A continuación el comunicado completo del MDI
Desde el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), hacemos pública nuestra profunda preocupación ante la controversia territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana que involucra a nuestro territorio Esequibo, en la cual se ha convocado un referéndum consultivo para el mes de diciembre del año 2023.
Rechazamos la figura del referéndum por atentar contra lo establecido en la Constitución Nacional en su artículo 10: “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. “. Expresado esto, se concluye que ya está suficientemente discutido y aprobado de forma legítima por los venezolanos dicha delimitación geográfica del territorio, y de realizar la consulta no solo pone en duda nuestra geografía, sino la legitimidad misma de la Constitución Nacional.
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Frente a los escenarios de hoy, reiteramos nuestro repudio a la decisión de las Naciones Unidas (ONU) del 30 de enero de 2018, en su decisión de enviar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la controversia territorial, así como la convocatoria a cualquier mecanismo que ponga en duda nuestra soberanía territorial por ser contrario a los intereses del país y violatorio del Acuerdo de Ginebra.
En vista de la decisión de trasladar la controversia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el gobierno nacional, en ningun caso debe aislarse del reconocimiento de las instituciones internacionales, y por el contrario, deben en lo inmediato, preparar la debida defensa jurídica internacional, en la cual debe objetarse la competencia de dicho tribunal internacional para conocer este asunto, por ser contrario a lo contemplado en el Acuerdo de Ginebra; y bajo ninguna razón ausentarse ante dicha corte, ya que Venezuela estaría renunciando de hecho en el reclamo, dando ventaja jurídica a la contra parte por carecer de representación.
Comité Ejecutivo Nacional
Caracas, 7 noviembre de 2023
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