Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, admitió el jueves que dinero ilegal ingresó a la campaña electoral de su padre el año pasado, según informó el fiscal encargado del caso.
A Nicolás Petro, de 37 años, lo arrestan el sábado en la ciudad de Barranquilla junto a su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez. En marzo, Vásquez es citada en medios de comunicación. Dice que dos personas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico le entregaron dinero en efectivo para apoyar la campaña electoral del presidente.
“El señor Nicolás Fernando Petro Burgos proporcionó información relevante hasta ahora desconocida por la Procuraduría General de la República, entre ellas… sobre el financiamiento de la pasada campaña presidencial del actual presidente, el señor Gustavo Petro Urrego”, dijo el fiscal Mario Burgos durante la audiencia, en la que estuvo presente Nicolás Petro.
La información se vincula al financiamiento de la campaña. Esta parece exceder los límites legales y esto l no se le informa a las autoridades electorales, agregó Burgos.
Aunque Vásquez afirmó que el presidente no estaba al tanto de los tratos, el escándalo podría obstaculizar la búsqueda de acuerdos de paz y rendición por parte de la administración Petro con los grupos armados, así como su ambiciosa agenda de reformas.
Petro hasta el 2026
El presidente insistió en que permanecerá en el cargo hasta 2026, citando el mandato de su victoria electoral.
“Nadie más que el pueblo puede poner fin a este gobierno”, dijo Petro durante un discurso en Sincelejo, en la provincia colombiana de Sucre.
El presidente negó las acusaciones de que estaba al tanto de las actividades ilegales y dijo que esperaba que cualquier afirmación en contrario “desapareciera rápidamente”.
“El presidente nunca ha pedido a ninguno de sus hijos o hijas que cometan el delito para ganar o financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder”, dijo Petro.
Según los cargos, Nicolás, legislador de la provincia de Atlántico, recibió dinero de narcotraficantes acusados. Esto a cambio de incluirlos en los planes de paz del presidente.
Se ha declarado inocente, pero dijo que colaboraría con los fiscales. Lo acusan de comprar propiedades valoradas en el equivalente a unos 394.000 dólares con dinero que no provenía de su salario de legislador.
Los cargos podrían llevar a sentencias de 12 a 20 años de prisión.
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