Luego de que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI autorización para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), que recopiló los testimonios de las víctimas en apoyo a la investigación por crímenes de lesa humanidad, la Corte de La Haya explicó que gestiona sus contactos con las víctimas “de manera que, en medida de los posible, se limiten los riesgos para ellas u otras personas”.
“La Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad. Esto significa, por ejemplo, que en los procedimientos relacionados al Artículo 18(2), la VPRS registra la información (solicitudes, vídeos, correos electrónicos, etc.) presentada por las víctimas en una base de datos segura a la que sólo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría“, explicaron.
Además, la CPI enfatizó que “esta información sólo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”.
Por ello, precisaron, la versión pública del Informe de la VPRS “no contiene ningún dato con el que se pueda identificar a las víctimas ni tampoco incluye información de ninguna otra persona u organización que haya participado en el proceso”.
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