No existen garantías de que el chavismo no atente contra las elecciones con las que la Universidad Central de Venezuela -UCV- renovará a sus autoridades en los próximos meses luego de 14 años en un limbo jurídico. Asediada por el chavismo, su rectora Cecilia García Arocha recuerda que la universidad es autónoma y que cualquier opinión externa, como las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, se considerará como una intromisión que no tiene repercusión en las decisiones internas.
«No tenemos ninguna garantía más allá de nuestra voluntad y compromiso para hacer de esta una elección libre y plural que representará la mayor expresión de democracia del país», afirmó la profesora en conversación con El Nacional.
¿Qué sucedió jurídicamente con las elecciones de la UCV?
El máximo tribunal, considerado como un apéndice del gobierno, suspendió en el año 2011 las elecciones en las universidades autónomas mediante una sentencia en la que se exige que la votación se produzca en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados administrativos, egresados y obreros. Los magistrados se basaron en la Ley Orgánica de Educación, en ese entonces recién promulgada (2009), contraponiéndose así a la Ley de Universidades, que establece que cada Consejo Universitario debe diseñar sus propios reglamentos.
Después de ocho años, la Corte atentó nuevamente contra la autonomía en 2019, cuando la Sala Constitucional emitió la sentencia N° 0324, en la cual quedaron suspendidos de forma cautelar los artículos 31, 32 y 65 de la norma que rige el funcionamiento de las instituciones autónomas, en los que se establecen los procesos para las elecciones de las autoridades universitarias hasta tanto se dicte una sentencia definitiva para este caso.
¿Cómo van a hacer ahora?
El Consejo Universitario aprobó el 18 de enero el Reglamento transitorio para la elección de rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales de la UCV, que señala que, considerando la estrecha relación que mantiene la comunidad académica con las personas que laboran en la universidad, se establece mayor flexibilidad para permitir la participación de los cinco sectores en los sistemas electorales internos, preservando la autonomía y la esencia académica.
Se estableció asimismo la integración del Registro Electoral según cada sector que, en criterio de la Sala Constitucional, conforman la comunidad universitaria. Además, en la norma se indica cómo será la validez de la elección y la proclamación de los candidatos electos, los procedimientos relacionados con la elección de las autoridades y otros aspectos importantes antes, durante y después del proceso.
«Discutimos y elaboramos un reglamento transitorio que representara e incluyera a nuestra comunidad universitaria con las ponderaciones legales que representan a nuestra comunidad académica contemplada en la Ley de Universidades. Aprobamos tener un proceso electoral porque nuestra comunidad así lo quiere, conforme además con una sentencia», explicó la rectora a esta redacción.
Puedes leer el trabajo completo realizado por el periodista Luis de Jesús para El Nacional aquí.
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